Tras haber analizado el asedio multidimensional al Parque Nacional de Flora y Fauna Tariquía (PNFFT) y esbozado rutas viables para su salvaguarda, nos adentramos ahora en la materialización de la mayor amenaza denunciada: el proyecto de exploración hidrocarburífera Domo Oso-X3. Este pozo no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un modelo de desarrollo que, tal como evidenció dramáticamente la tragedia ambiental del Parque Nacional Aguaragüe, prioriza la renta extractiva a corto plazo, sobre la sostenibilidad de los ecosistemas. El fantasma de Aguaragüe, con sus quebradas secas, sus pasivos tóxicos y sus comunidades abandonadas, se cierne hoy sobre Tariquía.
El proyecto Domo Oso-X3, ubicado en el área San Telmo Norte, a aproximadamente 1.5 kilómetros del límite del PNFFT, representa una paradoja legal y ética de enormes proporciones. Con un potencial estimado en 2.8 trillones de pies cúbicos de gas y una proyección de ingresos que supera los 6,000 millones de dólares, su atractivo económico para un país con reservas energéticas en declive es innegable. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) argumenta que este recurso es estratégico para evitar la importación de gas hacia 2029-2030. Sin embargo, el Contrato de Servicios Petroleros que lo ampara fue suscrito en 2018 y aprobado por una Asamblea Legislativa de mayoría del partido del MAS, en un proceso que, según denuncias de comunidades y expertos, careció de transparencia y consulta genuina.
El mecanismo que evidencia una intención predeterminada por imponer el proyecto fue la modificación del Plan de Manejo de la Reserva. Como documentan estudios previos, entre 2014 y 2018 se realizó una rezonificación interna —operada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)— que reclasificó extensas zonas del PNFFT. Esta maniobra burocrática, realizada de espaldas a las comunidades y sin estudios técnicos independientes que la justificaran —como denuncia el investigador Gaite Úzqueda (2019)—, allanó el camino legal para proyectos como el Domo Oso-X3. Según el mismo análisis, no se trató de una adaptación técnica, sino de un acto de ingeniería jurídica que subordinó el mandato de conservación del parque a los intereses del sector hidrocarburífero.
La lección que nos deja el caso del Aguaragüe es que contar con un marco legal y una licencia ambiental, no garantiza sostenibilidad alguna. En esa área protegida, un siglo de explotación y miles de millones de dólares en ingresos dejaron como saldo cinco pasivos ambientales de alto riesgo, cursos de agua contaminados y comunidades abandonadas en la pobreza. Ese precedente demuestra una incapacidad absoluta para gestionar los impactos en la superficie y proteger la «fábrica de agua». Repetir ese patrón en Tariquía no sería un simple error, sino una irresponsabilidad histórica.
Por lo tanto, si la explotación del Domo Oso-X3 es inminente, se debe exigir un cambio radical de paradigma. Los ingresos extraordinarios generados por este proyecto tienen que vincularse legal y financieramente a un plan de salvaguarda del PNFFT, destinando una parte significativa de las regalías a un fondo autónomo e intransferible. Este fondo debería financiar no solo la remediación de futuros impactos, sino, de manera prioritaria, resolver problemas históricos mediante la contratación de guardaparques, la implementación de sistemas de monitoreo ambiental de vanguardia y la restauración activa de las áreas ya degradadas.
Más aún, se debe impulsar con decisión las soluciones viables ya planteada. El ecoturismo comunitario, la bioeconomía basada en la miel y las plantas medicinales, y el fortalecimiento de las capacidades locales deben dejar de ser proyectos piloto marginales para convertirse en una política de Estado financiada por la renta gasífera. Se requiere inversión directa en infraestructura turística de bajo impacto, en la comercialización de productos de la biodiversidad. El objetivo debe ser claro: transformar el PNFFT de una zona de sacrificio potencial en un modelo ejemplar de cómo la renta extractiva puede financiar de manera perdurable la conservación y el bienestar local.
La memoria del Aguaragüe nos grita que, sin estas salvaguardas, el ciclo se repetirá. Las empresas llegarán, perforarán, extraerán la riqueza y, eventualmente, se irán. Quedarán, quizás, algunos caminos y una planchada oxidada. Pero también quedarán, con alta probabilidad, acuíferos alterados, bosques fragmentados y una renovada desconfianza en el Estado. No podemos permitir que la historia se repita como farsa y luego como tragedia. La explotación del Domo Oso-X3 solo podría justificarse ética y políticamente si sus ingresos se convierten en el motor de una transformación que fortalezca irrevocablemente la «fábrica de agua», empodere a sus guardianes y demuestre, por fin, que el desarrollo de nuestro país puede ir más allá de la cicatriz en la tierra que deja un pozo petrolero.
El autor es Profesional de Turismo y Relaciones Internacionales.