La protesta social nació como una herramienta legítima de los pueblos para exigir justicia, dignidad y mejores condiciones de vida frente a los abusos del poder. Fue, durante décadas, la voz de los trabajadores invisibilizados y de los sectores excluidos que no encontraban otro camino para ser escuchados. Sin embargo, en el contexto boliviano actual, esa esencia parece haberse diluido casi por completo; lo que alguna vez fue un acto de conciencia colectiva se ha transformado en un mecanismo de presión selectiva, utilizado por pequeños grupos con intereses particulares claramente identificables.
La protesta ya no responde a una causa social amplia, sino a negociaciones oscuras que buscan privilegios económicos y cuotas de poder. Bajo el disfraz de la lucha popular se esconden demandas que poco o nada tienen que ver con el bienestar del conjunto de los trabajadores. Esta desnaturalización no ocurrió de la noche a la mañana, es el resultado de más de dos décadas en las que las principales organizaciones sindicales, encabezadas por la Central Obrera Boliviana, optaron por el silencio frente al saqueo sistemático del país.
Mientras los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) concentraban poder, debilitaban las instituciones y profundizaban la corrupción, el sindicalismo oficialista calló. Ese silencio no fue neutral ni ingenuo, fue cómplice y funcional a un proyecto político que utilizó a las bases como escudo y como excusa. Es por ello que resulta profundamente contradictorio ver hoy a dirigentes sindicales declararse en huelga de hambre, presentándose como salvadores de la patria. La teatralidad de estas acciones contrasta con la ausencia de luchas reales cuando el país era prostituido y la economía era devastada.
La protesta, convertida en espectáculo mediático, perdió credibilidad ante la ciudadanía, ya no conmueve ni convoca porque la gente reconoce la hipocresía de quienes se dicen defensores del pueblo mientras viven alejados de sus penurias.
El MAS logró algo particularmente grave: prostituir la protesta social y transformarla en un aparato de coerción sindical, un instrumento de chantaje político que responde más a intereses partidarios que a las necesidades reales de los trabajadores. En este proceso, la dirigencia sindical se fue alejando de la ética y acercándose peligrosamente a prácticas corruptas; no sólo toleraron delitos, sino que en muchos casos los encubrieron, contribuyendo a la descomposición del Estado. Durante años, estos dirigentes se beneficiaron de cargos, prebendas y favores, mientras el país se hundía en una crisis institucional y económica profunda, por ende, la quiebra moral fue paralela a la quiebra financiera del Estado.
La clase obrera, paradójicamente, fue la más perjudicada, pues fue utilizada como carne de cañón, expuesta a enfrentamientos, bloqueos y conflictos que nunca buscaron mejorar sus condiciones de vida. Convertidos en figuras mediáticas, los líderes sindicales actuaron como vedettes del poder, sin pudor y sin conciencia histórica. La representación sindical dejó de ser un mandato y pasó a ser un negocio oscuro y corrupto.
Bolivia necesita con urgencia liberarse de esta mala dirigencia; los verdaderos movimientos sociales merecen líderes honestos, coherentes y comprometidos con las causas que dicen defender. No se puede seguir utilizando a campesinos y obreros como “escalera” de un proyecto político delincuencial y agotado. La sangre derramada en conflictos innecesarios pesa sobre quienes manipulan la protesta con fines de poder. El liderazgo de Evo Morales, lejos de proteger a las bases, demostró una alarmante indiferencia frente al sufrimiento de su propia gente, el poder, y no la vida humana, parece haber sido siempre su prioridad.
Frente a este escenario, los organismos del Estado no pueden seguir actuando con temor o cálculo político; hacer cumplir la ley es una obligación constitucional, no una opción negociable. El costo político de ejercer autoridad puede ser alto, pero el costo de no hacerlo es aún mayor, ya que la impunidad sólo fortalece a quienes se benefician del caos y la confrontación permanente.
Si Bolivia no rompe definitivamente con este sindicalismo marxista corrupto, seguirá atrapada en un ciclo de atraso y conflicto. Recuperar la protesta como un derecho legítimo implica también depurarla de quienes la han convertido en un instrumento de poder personal.
El autor es teólogo, escritor y educador.