La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, requiere autoridades municipales y nacionales comprometidas con la solución de sus problemas estructurales. El departamento enfrenta una creciente crisis derivada de constantes movilizaciones sociales, marchas y bloqueos de carreteras que afectan la producción, dificultan el transporte de bienes y servicios y perjudican al turismo. Informes empresariales y gubernamentales estiman que, a nivel nacional, los conflictos generan pérdidas de entre 120 y 200 millones de dólares diarios, mientras que a nivel departamental éstas alcanzan entre 10 y 20 millones de dólares, considerando producción, comercio, exportaciones, servicios y turismo. Estas cifras evidencian el fuerte impacto económico de la conflictividad social sobre La Paz y el país en su conjunto.
En poco más de dos meses, las elecciones subnacionales permitirán a la ciudadanía elegir alcaldes y gobernadores responsables de atender y resolver los problemas de sus municipios y departamentos. Los paceños aspiramos a que, hacia 2030, La Paz se consolide como una ciudad sostenible, mediante planes y programas alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ello implica erradicar la pobreza, aplicar políticas inclusivas, gestionar eficientemente los recursos naturales —especialmente el agua—, reducir la contaminación ambiental, proteger los glaciares y enfrentar integralmente el problema del transporte urbano.
El crecimiento urbano constituye otro desafío crítico. En los últimos 50 años, la mancha urbana se ha duplicado, pasando de 50 Km2 en 1996 a 114 Km2 en 2022, según datos de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades. Este crecimiento exige una planificación urbana más eficiente para garantizar servicios básicos, movilidad y calidad de vida.
Persisten, además, problemas estructurales como el congestionamiento vehicular, el deshielo de las cumbres nevadas que amenaza el abastecimiento de agua potable y la contaminación de los ríos paceños. La polución de ríos como el Choqueyapu y el Katari —que nacen en las cumbres andinas— es alarmante, ya que reciben aguas residuales domésticas, industriales y hospitalarias. Estudios especializados indican que el 92% de las aguas residuales orgánicas y el 3% de los residuos sólidos urbanos se vierten sin tratamiento, exponiendo a la población a riesgos sanitarios y a la presencia de metales pesados.
El cambio climático y los incendios forestales reducen el aporte de los glaciares, haciendo que la ciudad dependa cada vez más del agua de lluvia almacenada en represas, por lo que es urgente proteger las fuentes hídricas y fortalecer las políticas ambientales. La congestión vehicular también requiere soluciones inmediatas: recorridos cortos, como entre la plaza del Estudiante y el Obelisco, pueden demorar hasta 20 minutos en horas pico, y al menos seis zonas críticas demandan intervenciones efectivas.
Asimismo, es fundamental fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre autoridades y población. La planificación urbana, la gestión del transporte, el cuidado del agua y la protección ambiental deben incorporar mecanismos de consulta y control social que promuevan transparencia, eficiencia y confianza institucional.
De no ser atendidos con planificación y urgencia, estos desafíos podrían ubicar a La Paz entre las ciudades con mayor insatisfacción ciudadana hacia 2030. En las próximas elecciones subnacionales, los paceños debemos elegir autoridades con propuestas serias, viables y sostenibles, capaces de garantizar un futuro más seguro, saludable y eficiente para la ciudad y sus habitantes.
El autor es Licenciado en Economía por la UMSA, Doctor Ph.D. en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (Argentina), académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).