Maduro: la justicia y el precedente del poder

La caída de Nicolás Maduro nos coloca en una encrucijada moral, política y jurídica. ¿Cómo no festejar el fin del sufrimiento de un pueblo y la oportunidad de que se haga justicia por los crímenes cometidos? Pero esta celebración no debe hacernos ciegos ante el riesgo de normalizar el intervencionismo como herramienta de cambio político.
La noticia de la captura de Maduro sacudió los cimientos del orden geopolítico global. Tras años de una crisis económica y política sin precedentes y una erosión de las instituciones, el sucesor de Hugo Chávez que gobernó corruptamente Venezuela durante doce años se encuentra en una cárcel de alta seguridad de la ciudad de Nueva York. Este acontecimiento abre una controversia entre el legítimo júbilo por el fin de una tiranía corrupta y la inquietud por los medios empleados para alcanzarlo.
Desde la una óptica de la salud democrática, la caída del tirano de izquierdas representa un hito de justicia largamente esperado, ya que por más de una década Venezuela fue testigo de la consolidación de un régimen que, según informes de organismos internacionales, utilizó la persecución política y el hambre como herramientas de dominación. Entonces, la caída de Maduro no es solo una victoria política, sino además un alivio para millones de venezolanos que se vieron forzados al exilio o a la miseria material. Y su captura también pone fin a un narcoestado. La desarticulación de esta cúpula gobernante vinculada a cárteles internacionales supone un duro golpe al crimen organizado.
Sin embargo, si la captura fue el resultado de una intervención extranjera, y no de una manifestación de venezolanos o de presiones pacíficas, nos enfrentamos a un peligroso quiebre de la diplomacia y el derecho.
Cuando una potencia decide actuar de forma unilateral para remover a un mandatario —por más tiránico que éste sea—, se establece un precedente que debilita la seguridad jurídica de todos los Estados. ¿Quién decide ahora cuándo un gobierno pierde su legitimidad o cuándo un Estado debe ser invadido o intervenido? Además, un cambio de régimen impuesto desde fuera corre el riesgo de ser percibido como una ocupación, lo que podría generar inestabilidad a largo plazo y un relato victimista por parte, en este caso, de sectores de la izquierda internacional.
Lo que queda ahora es reconstruir Venezuela desde la legalidad y el consenso. El mundo de las libertades, el orden y la democracia celebra el fin del mandato de un jefe de Estado que, por lo demás, era ilegítimo, pues nunca mostró las actas de las elecciones de 2024. El futuro del país debe ser devuelto a sus ciudadanos, asegurando que el vacío dejado por la tiranía sea llenado por instituciones robustas y dirigidas por gente idónea. Solo así la caída del autócrata será recordada no como un acto de fuerza, sino como el primer paso hacia una paz auténtica y un sistema democrático.