Es oportuno recordar que durante los veinte años de regímenes “masistas”, autoridades con desparpajo manifestaban que en nuestro país “son respetados los derechos a la protesta, al trabajo y a la libre circulación”. Pero frecuentes convulsiones sociales hacían ver lo contrario, es decir, que eran interrumpidas labores productivas.
Lo cierto era que, por “derecho a la protesta”, sectores “masistas” entendían que podían recurrir al bloqueo de caminos en cualquier momento para presionar al gobierno de turno hasta que sean aceptadas sus demandas. Obviamente, no les interesaban los enormes daños causados a varias poblaciones con esa medida de protesta. Nos referimos a grandes pérdidas económicas, además de muertos y heridos. Lo peor es que muchos responsables de estos bloqueos y de muchos otros en el pasado reciente –inclusive durante la pandemia por el covid-19–, desde que apareció el MAS en el ámbito político, quedan en la impunidad.
Por todo ello, ha resultado evidente que eran respetados los derechos a la protesta, al trabajo y a la libre circulación de los partidarios del MAS, no del enorme resto de la población que no vive de la política mezquina, sino que se esfuerza para “salir adelante”, con trabajo y no con discursos demagógicos.
Hoy, apenas conocido el Decreto Supremo 5503, emitido por el presidente Rodrigo Paz, destinado a sacar a Bolivia de la cloaca en la que fue dejada por los gobiernos masistas, ya aparecen sectores descontentos, con el pretexto de defender a los sectores más vulnerables. Entre ellos resalta la Central Obrera Bolivia, entidad dirigida durante varios gobiernos por el señor Juan Carlos Huarachi, quien llevó a la entidad matriz de los trabajadores a someterse a los gobernantes de turno, a cambio de recibir cuestionables dádivas.
A pesar de que dicha entidad laboral aparentemente ha cambiado de dirigentes, es posible que siga la misma línea de conducta, dirigida a obtener concesiones del gobierno actual, no en favor de la mayoría de sus afiliados, sino de algunos de sus ocasionales dirigentes. Solo el tiempo dirá si realmente hay un verdadero cambio de orientación dentro de la entidad. Y podría comenzar por establecer quiénes realmente deberían ser parte de la COB, considerando que los trabajadores formales cada vez son menos.
En cualquier caso, los sectores sociales que no están de acuerdo con el contenido del decreto 5503 deberían hacer conocer propuestas para, por ejemplo, obtener los recursos necesarios a fin de mantener la subvención a los combustibles. Es decir, ¿de dónde sacar dinero para comprarlos y por cuanto tiempo subvencionarlos, considerando que el consumo va en constante aumento?
Y si no quieren que las empresas estatales desaparezcan o pasen a otras manos, deberían proponer qué hacer con aquellas que solo dan pérdidas económicas y, además, tienen personal excesivo. Lo cierto es que mantenerlas hoy implica derrochar dinero que debería servir para atender requerimientos en verdad importantes y para provecho de todos. Basta de medidas de presión, necesitamos ideas.
Derechos al trabajo y al libre tránsito
- Advertisment -
