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Elección de nuevos vocales del TSE

La Asamblea Legislativa comenzó un proceso exprés, con un cronograma apretado que concluye el 14 de diciembre de 2025, para seleccionar a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas funciones inician formalmente el 19 de diciembre. Varios cientos de personas se han postulado para estos cargos, una cifra que refleja un interés ciudadano significativo, pero que también plantea el desafío de escudriñar a fondo cada perfil. En este escenario, la necesidad de idoneidad de los futuros vocales es el pilar fundamental sobre el cual debe erigirse la credibilidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y, ergo, la estabilidad política del país.
El proceso actual, regido por una nueva ley transitoria, busca evitar la “repartija política” que ha erosionado la confianza en procesos anteriores, enfocándose en la meritocracia y la idoneidad. No obstante, la celeridad del proceso genera preocupación sobre la profundidad real de la evaluación de méritos, conocimientos y probidad de los postulantes. Los legisladores deben tener en cuenta la importancia de los cargos que serán ocupados por los nuevos vocales, para no evaluar los perfiles a la ligera; los vocales del TSE son los guardianes de la voluntad popular tras los procesos electorales y sus decisiones son importantes para el pueblo boliviano. Además, el TSE tiene a su cargo otros menesteres importantes, como el padrón electoral o la elaboración de estudios y análisis de opinión pública.
La capacidad no debe limitarse solo al cumplimiento de los requisitos formales (edad, formación académica, condiciones generales de acceso al servicio público). Implica, sobre todo, solvencia ética y una trayectoria ejemplar, cualidades que fueron escasas en los últimos años en las instituciones públicas, pues el MAS las arrasó. El sistema electoral fue objeto de desconfianza y crisis en el pasado reciente; la única manera de restaurar la confianza pública es garantizando que las nuevas autoridades electorales no respondan a intereses partidarios, sino a las leyes. La actual revisión de documentos y la etapa de impugnaciones son filtros que deben ser manejados con la máxima transparencia y rigor.
La sociedad civil, analistas y personalidades han exigido que la elección recaiga en notables. Esto es, profesionales cuya integridad y capacidad técnica sean reconocidas públicamente. La responsabilidad de la Asamblea Legislativa es muy grande y requiere un consenso genuino que trascienda las divisiones políticas. El resultado de este proceso definirá la hoja de ruta para futuros comicios, incluyendo el desafío de la posible auditoría o actualización del padrón electoral, una tarea que la ley transitoria ya les asigna.
Solo con vocales independientes, éticos y competentes se podrá asegurar un sistema electoral creíble, que garantice la pureza del sufragio y la paz social en Bolivia. La responsabilidad recae ahora en los legisladores, quienes deben priorizar el interés nacional sobre cualquier cálculo político.

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