Intervención al INRA y sus perspectivas

Una de las primeras medidas oficiales del flamante gobierno de la democracia cristiana, ha sido la intervención al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objetivo de investigar por diversas denuncias respecto al mal manejo del problema de la tierra. Es decir, por casos de corrupción en la gestión administrativa, gastos irregulares, etc. Tal disposición gubernamental fue recibida con satisfacción por algunos sectores rurales y por agricultores del oriente.
Recordemos que el INRA fue creado cuando el gobierno de Jaime Paz Zamora decidió enfrentar denuncias de diversa naturaleza y en esa forma desapareció el Consejo de Reforma Agraria, que funcionaba desde unos cincuenta años atrás. Era necesario dar ese paso inicial para clausurar ese organismo y poner en cuestión la misma ley de reforma agraria de 1953.
Sobre esa base, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por medio de teóricos del MIR, dictó la Ley INRA, que tenía por objetivo resolver problemas agrarios y lograr en diez años el saneamiento de tierras, con un costo de alrededor de un millón de dólares.
La anulación parcial de la ley agraria de 1953 no tuvo algún resultado rescatable. En cuanto al “saneamiento” de tierras, se dio algunos pasos en la región oriental de tierras baldías y haciendas grandes, pero no en el altiplano y valles, donde fue un fracaso y determinó el abandono de la agricultura en esas dos regiones. Al presente, esa es la causa de la crisis alimentaria que padece el país, que ahora se alimenta más con comestibles que ingresan vía contrabando. Esa política agraria, entró en máxima aplicación durante el gobierno de Evo Morales, de casi catorce años.
El INRA fue el único organismo para atender la cuestión agraria. Pero de pronto aumentó sus gastos administrativos hasta por 30 millones de dólares y prorrogó el proceso de saneamiento por treinta años, pidiendo mayor cantidad de recursos económicos para finalizar esa tarea.
El gobierno actual, si no quiere limitarse a cuestiones éticas y técnicas, debería enfocarse en las de fondo y, por tanto, no contentarse con algún “saneamiento” de tierras. No se toma en cuenta que la anulación de la Ley agraria de 1953 y la Ley INRA fueron causantes del fracaso de la agricultura en todo el país, excepto de algunas regiones de Santa Cruz, donde ha retornado el feudalismo, igual que en el altiplano y los valles.
De ahí que la actual intervención al INRA parece una medida para tomar la punta del hilo hasta llegar al ovillo, pero puede no dar los resultados que se espera y la crisis agraria del país mantenerse. Y es que las autoridades en esa materia tienen que conocer la cuestión de la tierra en profundidad, así como la historia agraria, la legislación respectiva y el presente estado del problema, por lo que se requiere un profundo análisis para obtener al final resultados satisfactorios.