El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, reveló que los esquemas de corrupción detectados en la subvención de la harina se replicaron también en el trigo y el maíz, profundizando la crisis en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
La investigación preliminar identificó un daño económico superior a 95,5 millones de bolivianos, además de una red de consorcios que, con el pretexto de garantizar alimentos de bajo costo, desviaron fondos públicos y acumularon fortunas personales.
“El mismo patrón de corrupción se repitió en todas las subvenciones”, señaló Justiniano, quien apuntó directamente al exgerente de Emapa, Franklin Flores, hoy prófugo, acusado de incumplir su detención domiciliaria. La Fiscalía ordenó el congelamiento de sus cuentas y abrió un nuevo proceso por evasión.
El ministro sostuvo que Flores “está metido en todo” y que su gestión generó un daño no solo económico sino también social, al afectar la estabilidad de miles de familias dependientes de estas políticas.
Paralelamente, el dirigente panificador Rubén Ríos, también buscado por la Policía, es señalado como pieza importante en la manipulación de precios y extorsión a los panificadores.
Según el ministro, Ríos utilizó la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) para enriquecer a su entorno, revendiendo harina subvencionada con fines lucrativos.
