Numerosos fracasos, errores y calamidades fueron causados por el gobierno masista presidido por Evo Morales Ayma, que comenzó en 2006 y duró casi 14 años. Una evaluación sobre tal gestión de gobierno se está actualizando con revelaciones y denuncias que dan a conocer algunos políticos y la prensa nacional, las que producen gran malestar en la ciudadanía. Pero es solo la punta del iceberg que está saliendo a luz.
En efecto, entre los más graves daños que ha causado dicho personaje, que hoy está siendo olvidado inclusive por sus adeptos, están dos grandes fracasos de la política externa del gobierno evista. Nos referimos a que Bolivia demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, a Chile por la pérdida del Litoral y por el uso arbitrario de las aguas de manantiales del Silala, pero los fallos desfavorables nos causaron gravísimos perjuicios. Ambas calamidades se produjeron por la incapacidad de Evo Morales, por un lado, y la indolencia del canciller David Choquehuanca, sin tomar en cuenta a los asesores, abogados foráneos, funcionarios de jerarquía del Estado Plurinacional y otros del partido MAS.
Obnubilado por la providencial ola de ingresos monetarios para Bolivia, debido al alza de precios de materias primas, como el gas, el gobierno evista planteó de manera irresponsable dichos problemas ante la CIJ, mientras aquí se dedicaba a la corrupción, a jolgorios, a estrechar relaciones con Cuba y Venezuela y ni qué decir del derroche para viajes de turismo, etc.
En ambos casos, el mal procedimiento de la Cancillería boliviana, fue denunciado repetidas veces por especialistas nacionales. Pero la indiferencia del gobierno de Morales y la prepotencia de sus funcionarios, llevaron a cometer graves errores en los juicios iniciados en La Haya, los que eran de conocimiento de los mandatarios, sin embargo, no reaccionaron oportunamente para asumir una adecuada defensa de los intereses nacionales.
En el primer juicio en La Haya, la causa marítima boliviana fue objeto de derrota inapelable. En octubre de 2018 la CIJ determinó, evaluando los argumentos bolivianos, que “no puede concluir que Chile tenga obligación de negociar el pleno acceso soberano» al océano Pacífico para Bolivia”, pero insta a mantener el diálogo. Y dicho tribunal internacional en el caso del Silala, en diciembre de 2022 declaró que el río es un curso de agua internacional, reconociendo el derecho de ambos países a un uso “equitativo y razonable”.
Ambos fracasos deben ser causa, obviamente, de un juicio de responsabilidades contra el canciller David Choquehuanca, sus asesores extranjeros y nacionales y otros traidores. Esos dos asuntos no deben pasar al olvido y es oportuno recordar las críticas hechas al respecto, a pesar de que el nuevo gobierno recién comienza. Todavía es tiempo para poner al día los datos sobre esos dos temas, pues el pasado gobierno de Morales debe ser conminado a responder por el daño causado al país. Este recordatorio es oportuno, ahora que también se habla de reanudar relaciones diplomáticas con Chile.