Decimos “falsa percepción” para no decir “falso afán” o “altercado ocioso”. Nos referimos a la trifulca en torno al Ministerio de Justicia, sus incidencias y su existencia.
Un “poder central” con o sin Ministerio de Justicia no deja de tener “relación” –para no decir injerencia– poca o mucha sobre el Órgano Judicial, si no tuviera intromisión no sería “poder central”, así nomás es en la realidad en el mundo entero, lo contrario es autoengañarse o mentir.
Vayamos a ejemplos concretos.
Durante el largo período de 12 años del gobierno del MNR, no recuerdo que haya existido un Ministerio de Justicia. Sin embargo, la represión desatada contra la oposición fue feroz y sin necesidad de la existencia de tal ministerio, era suficiente un simple telefonazo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para que éstos se cuadren ante el capo movimientista. Con o sin ese ministerio “se le metía nomás” como en el tiempo “masista”.
Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó al extremo de nombrar nada menos que a “su” “Delegado Presidencial” en la justicia, con sede en la propia ciudad de Sucre, junto a la Corte Suprema de Justicia, pretextando combatir –dizque– a las logias que se habían incrustado en la administración de justicia. Nadie dijo algo al respecto.
Si seguiríamos dando ejemplos de la injerencia del poder central en la administración de justicia, nunca terminaríamos. De este tema ya nos ocupamos reiteradamente.
Pero ingresando en el campo conceptual, que tal si concebiríamos que la justicia «es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo», tal como dijo Ulpiano, o que aceptáramos con Quevedo que «donde hay poca justicia es un peligro tener razón», o si pensaríamos como Albert Camus que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”, o que entendiéramos que “…la fuerza sin justicia es tiranía”, tal como señala Blaise Pascal.
Si aceptáramos todos estos conceptos para practicarlos en la realidad, hubiera estado muy bien que Teresa de Calcuta hubiese ejercido en cualquier parte del planeta el cargo de Ministra de Justicia o, salvando distancias, en Bolivia en tiempos pasados, doña Ana María de Campero, nadie se hubiera opuesto, o en la actualidad quién hubiera podido oponerse a que la señora Amparo Carvajal sea nombrada Ministra de Justicia, ¡nadie!… me imagino.
Esto demuestra dos cosas, que para que exista un Ministerio de Justicia y se ejerza su titularidad, depende del concepto que uno tenga de la “justicia” y depende, además, de quién ejerza dicho cargo, porque si en su tiempo se hubiese nombrado en cualquier lugar del mundo a Al Capone o a Hitler, hubiéramos sabido de antemano para qué serviría ese ministerio.
Si estos dos elementos fueran tomados en cuenta, el de la justicia y el de la persona, nada habría que discutir y menos armar tanto berrinche.
El autor es jurista.
