Advierten posible afectación sobre sectores vulnerables de la sociedad

Tras el anuncio del gobierno respecto al cierre del Ministerio de Justicia, desde la Defensoría del Pueblo se expresó profunda preocupación, sobre todo por la situación de diversos sectores de la población, especialmente aquellos que podrían quedar sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales en el ejercicio de sus derechos humanos.
A través de un pronunciamiento, el ente defensorial remarcó la importancia de que desde el Gobierno se dé certidumbre a la población, definiendo qué instancias van a asumir cada uno de los roles del Ministerio de Justicia, qué instancias tendrán bajo su tuición los diferentes servicios que brindaba ese ministerio “para que la población, particularmente aquellos que eran destinatarios de estos servicios puedan tener la tranquilidad correspondiente”.
El documento detalla que el Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional.
“Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano. Así también, tiene bajo tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el Servicio Integral de Justicia Plurinacional, y otras instituciones que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad (…) varias de ellas creadas por leyes vigentes”.
Asimismo, la institución defensorial manifestó su preocupación por la presidencia y secretarías técnicas que se encontraban a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros, que permitían un trabajo interinstitucional y articulado para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculados con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.