En el marco del nuevo gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara, Bolivia enfrenta la oportunidad histórica de reconstruir la institucionalidad y modernizar el Estado. Una decisión que se debiera evaluar con urgencia es el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cuya existencia hoy se presenta más como parte de la cloaca heredada que como un aporte al país.
Sin embargo, existe la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha convertido en una herramienta política para satisfacer cuotas de poder, específicamente para contentar al actual Vicepresidente, quien viene quejándose de no ser parte activa del nuevo gabinete. Recordemos que, meses antes, en la campaña y en su faceta de activista, Edmand Lara ha emitido críticas públicas sobre la funcionalidad del Ministerio, cuestionando su eficacia, su politización y su tendencia a intervenir en la justicia. No obstante, en un giro sorprendente, hoy defiende su permanencia y resalta su supuesta importancia estratégica.
Recordemos que el Ministerio de Justicia fue creado originalmente para defender los intereses legales del Estado, una función que hoy está a cargo de la Procuraduría General del Estado. Mantener ambas instituciones realizando la misma labor no solo es ineficiente, sino que constituye una duplicidad administrativa y un gasto innecesario de recursos públicos.
No corresponde al Ministerio de Justicia asumir la defensa legal del Estado, por lo que cualquier argumento que intente justificar su permanencia basándose en ejemplos internacionales resulta equivocado o engañoso. Por ejemplo, se ha señalado que, en Argentina, durante el gobierno de Javier Milei, se mantiene un Ministerio de Justicia sin recorte. Sin embargo, esta comparación carece de sustento: en el país vecino no existe una Procuraduría equivalente que asuma la defensa legal del Estado, por lo que la función y la estructura de ese Ministerio son diferentes y no pueden tomarse como referencia para la realidad boliviana.
Las funciones actuales del Ministerio pueden redistribuirse sin generar vacíos, por ejemplo, las notarías y Dirnoplu retornarían al Órgano Judicial, El Registro Público de Abogados podría gestionarse desde los Colegios de Abogados o mediante un registro nacional administrado por el Órgano Judicial. La defensa del consumidor debiera depender de las Gobernaciones y Municipios, la defensa pública puede ser parte de la Defensoría del Pueblo o el Órgano Judicial.
Respecto a las funciones de transparencia y lucha contra la corrupción, ya están cubiertas por instancias de control como la Contraloría General del Estado, mecanismos de control social y unidades internas de transparencia, con las que cuentan la mayoría de las instituciones públicas.
Más allá de la burocracia, el Ministerio se ha convertido en un instrumento de persecución política en distintos periodos, pero sobre todo en los gobernados por el Movimiento al Socialismo, violando la separación de poderes y socavando la confianza ciudadana en la justicia. Su cierre representaría un mensaje contundente de que la justicia en Bolivia no puede ser rehén de intereses políticos.
Hoy, más que crear oficinas, Bolivia necesita modernizar la gestión pública mediante digitalización, trazabilidad de datos, blockchain y big data, garantizando transparencia y eficiencia en la relación entre Estado y ciudadanos.
Cerrar el Ministerio de Justicia no solo es un acto de austeridad; es una señal de coherencia, racionalización y ética pública, alineada con la necesidad de un Estado más ágil y menos politizado. Rodrigo Paz y Edmand Lara tienen la oportunidad de achicar lo innecesario y fortalecer lo esencial, construyendo un país donde la justicia y la transparencia sean pilares y no instrumentos de control político. Si Lara quiere mayor participación en el Ejecutivo, puede hacerlo desde otras instancias.
La reforma comienza eliminando lo que sobra y consolidando lo que funciona. El Ministerio de Justicia es uno de esos sobrantes que Bolivia ya no puede permitirse en tiempos de crisis.
El autor es abogado.