Cada vez es más frecuente evidenciar los impactos negativos que van generando muchas de las actividades, básicamente orientadas a generar ingresos económicos.
En este punto se vuelve evidente que las políticas de gestión ambiental se encuentran muy mal enfocadas. Por ejemplo, solo en nuestro país se paga como multa un equivalente a 30 centavos de dólar por hectárea deforestada de manera ilegal y, además, los infractores pueden atenerse a “perdonazos”, que son aplicados por diversos gobiernos, mientras que, por hacer una fogata en la ciudad de La Paz, en la noche de San Juan, la sanción puede superar los 1.000 bolivianos.
Por otra parte, los gastos relacionados al medio ambiente son cargados a los gastos generales de las empresas encargadas de esos proyectos. Hay casos en que se cuenta con ítems ambientales para pagos específicos, que son modificados para atender otras áreas del proyecto, disminuyendo la importancia de las actividades ambientales.
Es necesario remarcar que, si el contratante de una obra carga todos los gastos de la gestión ambiental a los gastos generales de las empresas, éstas entenderán que el medio ambiente es un gasto que afecta sus ganancias, por lo que buscarán hacer lo menos posible, para conservar la mayor cantidad de ganancia económica.
Si analizamos cómo muchos países industrializados conservan de manera adecuada su medio ambiente, llegando incluso a regenerar áreas muy degradadas, comprobaremos que dan valor a todas las actividades ambientales, remunerando por la adecuada ejecución de las mismas.
Por otra parte, en muchas unidades dedicadas a cuidar el medio ambiente, los encargados de revisar los IRAP (Instrumentos de Regulación de Alcance Particular, necesarios para obtener una licencia ambiental para proyectos, obras o actividades específicas), presentados por profesionales para diferentes actividades, solo se enfocan en trabajos de oficina (muchas veces incluso son personas sin la experiencia necesaria para observar las actividades propuestas por los profesionales). Buscan en la mayoría de los casos observar el documento, para que se les entregue uno ideal, muy pocas veces aplicable y lógicamente incrementando los gastos destinados a la gestión ambiental. Fomentan que las empresas que deben hacer estos trabajos los vean como un gasto sin beneficios.
Esto lo podemos apreciar claramente en las actividades mineras que cuentan con licencia ambiental, que son igual o más contaminantes que actividades ilegales o sin licencia y que no recibieron las inspecciones de seguimiento necesarias por parte de las autoridades pertinentes. Desarrollan sus labores sin cumplir todo lo establecido en los documentos presentados para la obtención de su licencia.
Estas actitudes también promueven que los profesionales encargados de desarrollar los IRAPS, hagan diversas actividades para el cuidado ambiental, pero los gastos relacionados son parte de los gastos generales de las empresas.
Otra falencia es la referida a los proyectos presentados para obtener financiamiento. Aquí buscan minimizar las actividades ambientales, reduciendo los costos del proyecto para facilitar su aprobación. Es decir que nos enfocamos en realizar proyectos económicos, poco eficientes en el cuidado ambiental, cuestión que nuevamente repercute en proyectos dañinos para los ecosistemas. Un claro ejemplo es la nueva carretera Rurrenabaque-Riberalta, que no contempló pasos de fauna eficientes, pese a la gran cantidad de fauna existente en el sector, provocando una gran cantidad de muertes de especies silvestres.
También se puede evidenciar que son otorgadas licencias ambientales para actividades dentro de áreas protegidas, promovidas por intereses económicos de varios grupos sociales. Se restringe más a pequeños emprendimientos que a grandes empresas contaminantes.
Y para concluir, debemos lamentar que no hay una adecuada educación ambiental. Ésta debería ser un proceso durante todo el período de estudio, no solo como una materia temporal.
El autor es ingeniero en Ecología y Medio Ambiente.