Francia y Estados Unidos son los ejemplos mundiales sobre los debates electorales presidenciales. El gran desafío fue asumido por el Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de sus tropiezos logró insertar en nuestra cultura política está figura de trascendencia en elecciones presidenciales, y cuyo reto ahora debe ser para la siguiente Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lograr su institucionalidad democrática reformando las leyes electorales y de organizaciones políticas para obligar a los candidatos a Presis y Vices a debatir, y no esconderse en sus redes sociales.
Si bien en América Latina Venezuela y Brasil fueron, en Suramérica, la “punta de lanza” en los debates electorales, todos los países, cuando menos una vez, experimentaron ese proceso comunicacional político, los últimos en incorporarse son Argentina (2015) y República Dominicana (2016). Si bien las legislaciones de: Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina las incorporan como obligación electoral para los candidatos, otros Estados en la región la adoptan sólo como una tradición eleccionaria.
En el caso boliviano, y tomando en cuenta que desde la crisis política del año 2019, se quebrantó el orden constitucional y desde el 2020 en este periodo constitucional legislativo se pudo instituir el debate en la normativa electoral (así como en su momento ocurrió con las elecciones primarias partidarias, que contradictoriamente se suspendieron para esta elección general) no sólo para candidatos presidenciales o vicepresidenciales, sino también para aspirantes a las gobernaciones y alcaldías, bajo causal de inhabilitación inclusive ante la negativa o ausencia de candidatos. Esta incorporación legislativa debe fundarse en la Legislatura 2025-2026 a través de una Comisión biorgánica de poder (Electoral y ALP) para viabilizar e institucionalizar los debates electorales: presidenciales, vicepresidenciales, de gobernadores y alcaldes; y sea el pueblo boliviano, que es quien delega su soberanía al poder cuando participa en el sufragio, que conozca las propuestas y opiniones de los candidatos más allá de la propaganda electoral.
Comparar, confrontar y rebatir ideas son la esencia de los debates electorales presidenciales (al menos dos) que deben estructurarse para la consolidación de una cultura política, donde el control de calidad emerja de los gremios periodísticos para definir protagonistas en la conducción y/o moderación de los encuentros televisivos a transmitirse en cadenas nacionales y, desde luego, por redes sociales, que los formatos de preguntas correspondan a las expectativas del soberano, y que con las interacciones entre candidatos se conozca el dominio sobre sus proyectos de la administración de la cosa pública y su capacidad de liderazgo.
Finalmente, si bien un debate electoral presidencial no cambia masivamente la preferencia del votante, le posibilita una mejor percepción al considerar su cambio o no de preferencia, tomar postura final en caso de los indecisos o reafirmarse con su candidatura. Este ejercicio democrático permitirá asistir a las urnas con un voto más informado.
El autor es Abogado y Periodista.