Sosteniendo que la información sobre el patrimonio de servidores públicos debería tener un carácter abierto para coadyuvar con la transparencia en la administración pública, el senador por la agrupación Creemos, Henry Montero, cuestionó el papel de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en los recientes actos de corrupción descubiertos en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Tras la aprehensión de Franklin Flores, exgerente de Emapa, además de otros funcionarios de la empresa estatal, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto y la existencia de millonarios patrimonios económicos no acordes a los ingresos de la exautoridad, Montero cuestionó que la UIF no haya denunciado estas irregularidades con anterioridad.
“¿Cuál fue la acción de la UIF-Bolivia, por qué no denunció el ‘enriquecimiento ilícito’ del exgerente de Emapa, las socapa o encubre? ¿Por qué la información que procesa la UIF sobre los servidores públicos es reservada?”, cuestionó el parlamentario.
Además, insistiendo en que la información relacionada al patrimonio de los funcionarios públicos debería ser abierta para garantizar la transparencia de la cosa pública, el legislador de oposición pidió que los actuales candidatos a la presidencia planteen soluciones al respecto.
La semana pasada, luego de destaparse varios actos de corrupción que implican a exgerentes y exfuncionarios, diferentes sectores de la sociedad pidieron el cierre de la estatal de alimentos creada en 2007.
La exresponsable de Recursos Humanos, Mabel Mamani, por ejemplo, depositó Bs 136.950 mediante al menos 47 transferencias bancarias a la cuenta personal del exgerente Franklin Flores, hoy con arresto domiciliario, según el informe del Viceministerio de Transparencia que tomó datos del 12 de febrero de 2022 al 24 de marzo de este año.
El informe también identificó otros depósitos a cuentas de Flores, de funcionarios de otras entidades estatales como la ATT y el BCB, por un monto de Bs 72.000, que completan los Bs 209.150 de patrimonio no declarado por el exgerente, exdiputado del MAS y excandidato a la Gobernación de La Paz.
A su vez, el exgerente Administrativo y Financiero, Marvel Vargas, quien figura como el segundo cargo en las listas de 317 funcionarios de Emapa con ítem, también se encuentra investigado por haber acumulado más de Bs 3 millones en sus cuentas, sin respaldos fuera de su salario mensual como servidor público de Bs 14.300, solo Bs 1.600 menos que Flores.
“Está bordeando más de 3 millones de bolivianos; además, posee tres vehículos y propiedades y su sueldo como trabajador de Emapa no justifica ese capital”, explicó el fiscal a cargo del caso, Johan Muñoz, tras la audiencia que determinó detención domiciliaria para Vargas.
El fiscal adelantó que se tiene una lista de 46 personas que trabajan o trabajaron en Emapa y cuyas cuentas bancarias son investigadas.
En otro caso investigado por el Ministerio Público, se identificó presuntas responsabilidades en la exfiscal de Obras, Daniela Arancibia, por el proceso de construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto. Según la investigación, para esa obra se hicieron dos contratos modificatorios fuera del Decreto Supremo 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
En criterio del gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, quien fue contrincante político de Flores en las elecciones subnacionales de 2021, la estatal de apoyo a la producción solo ha servido para el enriquecimiento de varios de sus funcionarios y no ha cumplido con los propósitos de su creación.
“No da un buen funcionamiento, solamente hay personas que se han beneficiado y se han vuelto muy ricos y realmente debería cerrarse porque, realmente, no hay un proyecto grande que pueda beneficiar a nuestro país”, declaró.
Desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, su vicepresidente Rolando Morales, también pidió el cierre de la estatal de alimentos porque “no tiene razón de existir”, además de haber sido un fracaso y perjuicio para el emprendimiento de los sectores productores y comercializadores. “El Estado está para generar políticas públicas y apoyar la producción privada, no competirle”, indicó.
Emapa fue creada mediante el Decreto Supremo N° 29230 del 15 de agosto de 2007 bajo el gobierno de Evo Morales, como una empresa pública nacional estratégica, con personería jurídica y patrimonio propio, bajo la tuición del Ministerio del área correspondiente (inicialmente Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente).
En 2008, mediante el Decreto Supremo N° 29710 se modifican artículos del decreto original, ampliándose algunos roles, incluyendo abarcar tanto agropecuarios como agroindustriales, favorecer la comercialización interna y externa, etc.
