El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso discrecional de la detención preventiva podrían empeorar la crítica situación carcelaria en Bolivia, por lo que pidió al Estado realizar cinco acciones urgentes respecto a esta problemática.
En un documento caratulado “Alerta Temprana Sobre la Situación de las Cárceles en Bolivia”, la Defensoría exigió que de manera urgente se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El documento fue publicado el martes 30 de septiembre de 2025.
Estas cinco acciones urgentes abarcan un uso limitado de la detención preventiva, la aplicación de un enfoque diferenciado al juzgar personas en situación de vulnerabilidad, una clasificación de internos según naturaleza y gravedad de su delito, un mejoramiento del acceso a la salud con mayor personal médico o la ampliación del servicio ambulatorio en los recintos penitenciarios.
La entidad defensorial advirtió sobre una profundización de la crisis si no se asumen estas medidas por parte del Estado. En la presentación, reveló que el hacinamiento de reclusos en Bolivia llegó al 105% tras observarse un crecimiento sostenido de población carcelaria: 33.058 privados de libertad en julio de 2025.
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible. Además, la población penitenciaria crece cada año de manera preocupante, sin que existan políticas efectivas para revertir esta tendencia”, expresó Callisaya, citado por la institución.
Entre los penales más hacinados del país destacan: el penal San Pablo de Quillacollo, con capacidad para 110 internos, pero actualmente contando con 674 (hacinamiento del 513%); San Sebastián de Cochabamba, que debería albergar a 250 reclusos, pero tiene 1.115 (346%); Palmasola de Santa Cruz, con 205% de hacinamiento; y San Pedro de Oruro, con un 243%.
La Defensoría advierte que el hacinamiento es una causa del debilitamiento de la seguridad penitenciaria y se ve reflejada en la muerte violenta de 15 privados de libertad; “asimismo, ocasionaría deficiencias graves en la atención en salud y alimentación, una infraestructura débil y una ausencia de programas de reinserción social”.