Ante distintas posiciones que denuncian la supuesta fuga de autoridades del gobierno saliente y planteamientos para viabilizar una normativa que impida al presidente y sus colaboradores salir del país tras dejar el poder, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que en la normativa nacional ya existe una ley de esas características; además, aseguró que el presidente Luis Arce permanecerá en territorio nacional después del 8 de noviembre.
Durante una entrevista televisiva, Prada se refirió a las gestiones anunciadas por el diputado oficialista Rolando Cuéllar para promover la aprobación de una “Ley de Arraigo” que impida al primer mandatario salir del país luego de la transmisión de mando, esto con la finalidad de que responda ante la justicia por sus actos en el ejercicio del poder.
Según la autoridad, en el país no se requiere la aprobación de una nueva normativa para este fin, toda vez que, desde la gestión 2020 existe una norma que obliga a todas las autoridades salientes a permanecer en territorio nacional por el lapso de tres meses después de finalizar su mandato.
Asimismo, puntualizó que dicha normativa no solo alcanza al presidente y al vicepresidente, sino también a ministros, gobernadores, alcaldes, legisladores y máximas autoridades ejecutivas de instituciones públicas y mixtas que administren recursos fiscales.
“Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, apuntó Prada, asegurando que el presidente Arce cumplirá con entregar el mando a quien resulte vencedor del balotaje y permanecerá en el país, tal como anunció anteriormente.
La ministra señaló que, en su caso, no tiene previsto salir de territorio nacional y piensa permanecer en el oriente del país al lado de su familia. “Estoy con la conciencia tranquila, la frente en alto. Me quedaré en Santa Cruz, donde están mis raíces y mi familia”.
La semana pasada, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, remitió una Minuta de Comunicación a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que esta instancia inste al Ministerio Público a arraigar al presidente Luis Arce y a los miembros de su gobierno.
La parlamentaria activó esta medida tras varias renuncias en el Ejecutivo, tal es el caso del exgerente de la Gestora, Jaime Durán, el exgerente de Emapa, Franklin Flores, el expresidente de YLB, Omar Alarcón, entre otros.
“En vista a la cantidad de renuncias de ministros y máximas autoridades ejecutivas del oficialismo, he remitido una Minuta de Comunicación, para que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados inste a la Fiscalía a disponer el arraigo de las autoridades en ejercicio y exautoridades del Gobierno de Luis Arce”, señaló Román.
Según la legisladora, la corrupción, el despilfarro y la complicidad con el narcotráfico no pueden quedar en la impunidad y ese es el motivo de haber remitido esta Minuta de Comunicación, buscando que desde la Cámara de Diputados se exhorte al Ministerio Público a tomar medidas preventivas.
En la misma línea, el diputado oficialista Rolando Cuéllar se presentó en Sucre ante la Fiscalía General del Estado, para solicitar el cumplimiento de la ley 1352, norma en la que se dispone que autoridades como el Presidente y ministros permanezcan en territorio nacional por el lapso de tres meses, luego de haber cesado su mandato.
La Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, promulgada el 1 de diciembre de 2020, establece que las autoridades del nivel central (presidente, vicepresidente, ministros) y de entidades territoriales deben permanecer en Bolivia tres meses después de finalizado su mandato o ser destituidas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y evitar la impunidad.
“La presente Ley tiene por objeto establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado en mandato o ser destituido la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleístas Nacionales, Departamentales, Concejales Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”, señala el artículo primero de dicha ley.
