El pasado 17 de agosto, la ciudadanía acudió en todo el país a los centros de votación, para ejercer su derecho soberano de elegir a quienes quiere que administren el Estado boliviano. Como consecuencia de ese ejercicio electoral, resultaron favorecidos con el voto ciudadano, dos candidatos de entre los nueve participantes, pero como ninguno de ellos llegó a la mitad más uno de los votos, ni tuvo una diferencia mayor al 10% de entre los dos más votados, el próximo día 19 de octubre acudiremos a votar para elegir al presidente y vicepresidente del Estado boliviano.
Los gobernantes que sean favorecidos con el voto ciudadano en la segunda vuelta, deberán tomar medidas urgentes y necesarias, para remediar el actual cuadro de deterioro institucional que nos agobia a todos los bolivianos. El primer problema deberá ser fijar el precio de la divisa norteamericana, que es un importante referente de la situación económica del país. El valor del dólar, que fue fijado en Bs 6.96 por largo tiempo, debido a su escasez llegó en el mercado paralelo hasta un máximo de Bs 20 por dólar, para luego bajar a poco más de Bs 10, lo que implica la inestabilidad en el precio de la divisa. Deberá reponerse el “bolsín” para que regule la demanda y oferta de divisas.
Fijar un precio referencial para el dólar americano, determinará que la gente saque al mercado sus dólares guardados como medida de protección a sus intereses económicos. Se calcula que la gente tiene alrededor de 7 mil millones de dólares. Adicionalmente se deberá recurrir a los organismos internacionales que tienen como misión, precisamente, acudir en respaldo de los países que requieren de su concurso. La tenencia de dólares en el Banco Central, respaldará el valor fijado a esa moneda y solucionará la escasez de carburantes en el mercado, además regularizará el comercio exterior en cuanto a costos y precios, evitando la especulación de precios y proveyendo de mercancías al mercado.
El valor referencial debería ser de por lo menor Bs 14 por dólar, esto para nivelar el valor de los productos en el mercado, actualmente muy elevados, y el valor de la moneda de referencia. Esta medida, de primera urgencia y necesidad, tiene que ser acompañada de otras medidas en las diferentes variables económicas que tienen que ver con la economía del país, como el gasto público que muestra un elevado déficit fiscal; la balanza de pagos, también deficitaria, déficit en cuenta corriente, negativa balanza de pagos, deuda externa e interna, etc., con sus resultantes de desempleo, instabilidad política y social, fundamentalmente el riesgo del colapso institucional del Estado.
Entre las políticas del nuevo gobierno, deben ser levantadas todas las subvenciones al valor de productos y los bonos, pues estas distorsionan el normal desarrollo de las actividades económicas, provocando inflación, escasez, corrupción, etc., exceptuando alguna muy necesaria que tenga que ver con la atención a sectores sociales muy vulnerables o que constituyan un derecho adquirido en materia social.
Deben ser cerradas o transferidas al sector privado las numerosas empresas públicas creadas al calor del régimen del estatismo populista y que en su mayoría son improductivas, que funcionan a pérdida e importan un elevado gasto fiscal, pues es el Tesoro del Estado el que debe subsidiar sus pérdidas, con recursos públicos que bien podrían ser volcados a sectores tan necesarios como salud y educación.
El próximo gobierno deberá aumentar sus esfuerzos para diseñar políticas de atención a los sectores sociales más depauperados, que viven a nivel de subsistencia, creando fuentes de empleo que absorban mano de obra desempleada o que está en el sector informal sin derechos y escasos ingresos, creando cooperativas de producción, agropecuarias, de servicios, etc. El sistema cooperativo es un valioso modelo de carácter social y económico, que puede ser implementado en todas las actividades productivas y de efectiva resultante social, que evita los problemas de clase, de poder, etc. El cooperativismo y la seguridad social, son dos grandes herramientas de políticas económicas y sociales, son el sistema de la “autogestión” para la solución de diversos problemas de la sociedad organizada en Estado.
En siguientes ediciones, seguiremos analizando esta problemática nacional y sus soluciones, desde una óptica cívica, apartada de todo interés partidario.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y Docente universitario.