¿Hasta cuándo tendremos exilados y presos políticos?

Se sabe por muchos testimonios históricos que el exilio es una de las más tristes torturas —lenta pero acuciante— que una persona puede padecer. En la Antigua Grecia, era uno de los mayores castigos que una persona podía experimentar. Hoy sigue siendo una práctica habitual en los regímenes autoritarios, ya que las garantías están conculcadas y la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso son cosas que han dejado de existir.
Hoy, varios bolivianos viven en el exterior porque temen regresar al país y ser procesados de manera abusiva. Muchos de ellos rehicieron sus vidas profesionalmente, pero con un alto costo familiar o personal. El exalcalde Luis Revilla, la exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric o el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, viven fuera y se presume que no regresarán en tanto sepan que la justicia boliviana está manipulada por el Ejecutivo. En tanto sepan que la detención preventiva es la regularidad y no la excepción como debería ser, muchos de esos exilados, que viven en ciudades como Lima, Madrid o Washington, seguirán en el exilio.
Hace unos días, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ordenó revisar los plazos de detención preventiva de Pumari, Camacho y Añez, pero luego dijo que eso no significaba que habrá impunidad. Con un razonamiento coherente, dijo que se garantizará todos los derechos de víctimas y procesados. Esto último es muy importante, ya que la ciudadanía debe tener en cuenta que el Estado de derecho no significa que quienes violaron la ley no deban estar tras las rejas; lo que se busca son procesos bien hechos, pero no impunidad para los que delinquieron o violaron la norma.
Saucedo también exhortó a que los exilados políticos regresen al país, pues, según él, se hará “respetar las garantías del debido proceso. Todo ciudadano tiene derecho a que se lo cite formalmente, a prestar su declaración informativa, estar asistido por su abogado”. Asimismo, criticó la labor (nefasta, dicho sea de paso) que tuvieron los exministros de Justicia de Luis Arce, Iván Lima y César Siles, quienes en sus respectivas gestiones “doblegaron a su antojo” a la justicia. Y la verdad es que, en sus intervenciones en medios de comunicación, eran patentes sus intenciones de manipular al Órgano Judicial desde su cartera ejecutiva. En este sentido, habría que plantear el debate de si la existencia de aquella cartera, la del Ministerio de Justicia, es necesaria… Es más, ¿no viola el principio liberal y republicano de la independencia de poderes del Estado?
Las declaraciones de Saucedo son un alivio para el restablecimiento del Estado de derecho; no obstante, muchas veces en política y asuntos públicos el trecho que existe entre el dicho y el hecho es muy grande. “Por sus frutos los conoceréis”, dice un verso de la Biblia. Cuando haya varios procesos judiciales en los que los fiscales no sean un martillo político y los jueces no reciban órdenes del Ejecutivo, se podrá hablar recién esperanzadoramente. Mientras eso no ocurra, lo que cabe es estar vigilantes. No lo olvidemos: la crisis no es solo económica, es también –y sobre todo– institucional y moral.