La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), mediante un pronunciamiento, hizo conocer sus observaciones al proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales. Luego de un análisis, detectó serias incompatibilidades constitucionales que demandan corrección urgente.
Consideran que el artículo 14 del proyecto “constituye una amenaza directa” al secreto profesional periodístico, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado como en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
Asimismo, advierten que estas disposiciones generarían “vigilancia estatal y privada” al trabajo periodístico, “alto riesgo para la seguridad” de los trabajadores de prensa y “autocensura generalizada” que silenciaría denuncias de corrupción y abusos.
La organización fundamenta su posición en un sólido marco jurídico que incluye el artículo 130.II de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que “la Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”.
Además, cita el artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925, que declara que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”, y el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que reconoce el derecho de todo comunicador social “a la reserva de sus fuentes de información”.
