Parte I
Conciudadanos, imaginen por un momento la balanza de la justicia, no la que vemos en los libros, impecable y equilibrada, sino una balanza real, la que pende sobre nuestras vidas en cada juzgado de Bolivia. ¿La ven? Ahora, observen cómo uno de sus platillos, el de la verdad y la equidad, se inclina peligrosamente, no por el peso de la evidencia, sino por el de fajos de billetes, promesas políticas o favores inconfesables. Este no es un escenario de ficción; es la cruda realidad que se vive en los pasillos de nuestros tribunales, donde la justicia, ese derecho inalienable, se ha convertido en una mercancía, y la esperanza de los ciudadanos, en una moneda de cambio.
Como boliviano, como abogado que ha litigado en estas salas, he sido testigo de cómo la cadena de la corrupción se extiende desde el pasante que “agiliza” un trámite, el oficial de diligencias que sólo hace su trabajo si se le ofrece plata o si las notificaciones se realizan en su taxi que cuesta el triple de lo normal, el policía investigador que sólo hace actos investigativos si se les paga, hasta el fiscal que “negocia” un caso, el juez que “interpreta” la ley para conveniencia de sus apetitos personales, y el vocal que “ratifica” la injusticia de acuerdo al buen postor. “Absolutamente” todos (obvio, con honrosas excepciones), en su turno, desmantelan al pobre litigante, lo exprimen hasta dejarlo en la miseria. Por lo que, esta nota no es sólo una reflexión; es un espejo que busca reflejar una verdad incómoda, un grito de indignación sobre la profunda herida que la corrupción judicial inflige a nuestra sociedad boliviana.
La ley, en su esencia, es un faro que nos guía, nos protege, nos asegura que, ante cualquier conflicto, habrá un camino claro hacia la resolución. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes deben encender ese faro deciden apagarlo o, peor aún, dirigir su luz sólo hacia donde les conviene? Aquí radica el corazón de nuestro problema en Bolivia.
Las normas jurídicas son claras, establecen lo que es justo, lo que es legal, lo que debe ser. Son el “manual” de instrucciones para una sociedad ordenada. Sin embargo, en la práctica judicial, en los juzgados, esa claridad se nubla. No hay un “policía” vigilando a cada juez, a cada fiscal, a cada funcionario judicial. Y en esa ausencia de supervisión efectiva, en esa oscuridad, florece la arbitrariedad. El administrador de justicia, investido de un poder inmenso, a menudo hace “lo que le viene en gana”, velando por su propio interés, por su bolsillo, por su ascenso, o por el favor de un poderoso.
Pensemos en el joven Richard Mamani, su caso no es una abstracción; es una herida abierta en el corazón de nuestra justicia, un grito desgarrador que resuena en cada rincón de Bolivia: “¿Quién me devuelve mi juventud?”. Nueve años de su vida, de su juventud, robados tras las rejas por un delito que no cometió. La justicia tarijeña, finalmente, ordenó su liberación, pero sólo después de que la presunta víctima confesara la verdad.
Aquí es donde la cadena de carroñeros entra en acción, y lo hace con una crueldad aún mayor cuando quienes la integran ostentan títulos de “doctores”, se suponen que son “profesionales”, “hombres de ciencia”. Jueces, fiscales, vocales, todos con títulos universitarios, con el respaldo de psicólogos, médicos forenses, policías investigadores. ¿Cómo es posible que semejantes “profesionales” se equivoquen de tal manera, condenando a un inocente?, con semejantes títulos universitarios no han podido establecer la verdad histórica de los hechos. La respuesta es brutal: no fue un error, fue una cadena de negligencias, omisiones. Lo más probable, que a los familiares de Richard le pidieron sumas elevadas de dinero para dejar en suspenso el caso. Pero como es inocente, Richard no podía erogar semejante monto, entonces con rabia armaron hasta lograr su sentencia como un escarmiento a negarse pagar el monto exigido por el investigador u otros funcionarios judiciales, digo, porque suele ocurrir con frecuencia este modus operandi de extorsión.
Dr. Lino Mamani Quispe Ph.D.