Las autoridades colombianas detuvieron ayer a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, el quinto sospechoso arrestado como presunto responsable del atentado cometido hace un mes contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, durante un mitin político.
Su captura se produjo menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera el viernes una notificación roja de búsqueda y captura contra “El Costeño”. Arteaga fue detenido en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía en la localidad bogotana de Engativá, donde Uribe fue gravemente herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el pasado 7 de junio.
El director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, había informado este viernes, tras la notificación de la Interpol de que Arteaga era requerido por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores de edad para la comisión de delitos. “Alias ‘El Costeño’ habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad para que atentara contra la vida del precandidato presidencial”, según Triana; aunque la Fiscalía apuntó desde el primer momento a una organización criminal como responsable del atentado.
ATENTADO DE DÍA
Uribe Turbay, de 39 años, y senador del partido de derecha Centro Democrático, fue atacado el 7 de junio cuando hablaba ante un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El político permanece desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le practicaron varias cirugías, incluida una intervención de urgencia por un edema cerebral el pasado 16 de junio.
La Policía colombiana ya arrestó desde entonces a cuatro personas, entre ellas el menor de 15 años que disparó el arma contra Uribe Turbay, a las que se suma ahora Arteaga Hernández, considerado pieza clave en la investigación y por quien se ofrecía una recompensa de 300 millones de pesos (unos 75.000 dólares).
Un menor de 15 años fue el autor de los disparos que casi acaban con la vida del senador. La Policía cree que fue reclutado por el crimen organizado y siguió el rastro del arma, comprada legalmente en EEUU, para dar con los responsables intelectuales, investigación que llegó hasta “El Costeño”.
El menor, herido durante la huida, está desde el mismo día del crimen bajo custodia policial y su testimonio es clave en la investigación, por lo que la Fiscalía tuvo que disponer de medidas para su protección.
Mientras tanto, Uribe Turbay sigue en estado crítico y su defensa cuestionó la insuficiencia del esquema de seguridad que tenía asignado el día de atentado. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó pocos días después del ataque, el hecho de que la seguridad de Uribe se hubiera reducido ese mismo día. “El esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado: de siete a tres personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, indicó Petro en su cuenta de X el pasado 10 de junio.
La familia de Uribe presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, al considerar que la institución cometió una negligencia respecto a las peticiones para reforzar la seguridad de Uribe. “Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año”, afirmó a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, quien lamentó que las respuestas de la UNP se basaban en un “copy-paste” en el que descartaban los refuerzos.
AÑOS DE VIOLENCIA
El atentado que mantiene un mes después entre la vida y la muerte al político de 39 años avivó el temor en Colombia a volver a los oscuros años del siglo pasado, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos consideraron este ataque como un retroceso de 30 años en materia de violencia política y mostraron su rechazo total a lo ocurrido.
Los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro fueron asesinados durante la campaña política para las elecciones de 1990, unos años en los que Colombia estaba sometida a la violencia del narcotráfico y de guerrillas como las FARC.
Ante esta situación, nueve partidos políticos colombianos, la mayoría de derechas, anunciaron al día siguiente del atentado que acudirán a instancias internacionales para que se les garantice la equidad en el proceso electoral. “Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega”, señala un comunicado firmado por nueve fuerzas políticas. (RTVE.es)