La vocal, Margot Pérez Montaño, juró ayer como nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en tanto que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó la suspensión provisional del fallo del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, que suspende la credencial de la magistrada, Fanny Coaquira, por lo que esta autoridad quedó ratificada en su cargo mientras el alto tribunal emite una sentencia constitucional.
De acuerdo con una nota de prensa institucional, la nueva titular del tribunal paceño fue respaldada por la mayoría de la sala plena. Anteriormente, Pérez ejercía como vocal en la Sala Penal Segunda del TDJ-LP y también fue presidenta de la Asociación de Magistrados de La Paz (Amalap) entre 2020 y 2022.
Pérez fue electa como nueva autoridad del TDJ luego de la renuncia del anterior presidente, Yván Córdoba, quien se vio involucrado en un escándalo judicial conocido como caso “Consorcio”, en el cual se investiga una supuesta red de corrupción entre abogados, jueces y fiscales para destituir a ciertas autoridades electas por voto popular, como Coaquira.
Tras ser aprehendido y enviado a una audiencia cautelar por presunto consorcio y tráfico de influencias, Córdoba tuvo que cancelar una fianza de Bs 50.000 para ser beneficiado con detención domiciliaria. Otra autoridad involucrada del TDJ, la exvocal Claudia Castro, recibió detención preventiva y fue enviada al penal de Obrajes, bajo los mismos cargos.
Ahora, la autoridad entrante quedará al frente de una entidad que en las últimas semanas se vio involucrada en un supuesto hecho irregular, al igual que otras altas autoridades como el exministro de Justicia, César Siles, quien renunció a su cargo de manera repentina el pasado sábado 14 de junio, horas antes de hacerse público el caso.
La Fiscalía declaró esta semana que el caso se encuentra en reserva por otros diez días, por lo que los actuados del proceso y los avances del cuaderno de investigación no podrán ser revelados hasta dentro de dos semanas. En tanto, ninguno de los siete investigados en este caso está tras las rejas, sino que permanecen internados en clínicas o cumplen detención domiciliaria.
COAQUIRA MANTIENE CARGO
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Admisión del TCP, Julia Elizabeth Cornejo, confirmó que la decisión de dejar sin efecto la suspensión de Coaquira fue unánime, con el apoyo de los magistrados, Iván Espada y Edson Dávalos.
Por lo tanto, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuará en el cargo mientras se resuelve una acción de cumplimiento admitida por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, e iniciada por el ciudadano, Oscar De La Fuente Amelunge, en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cual se acusa a Coaquira de supuestamente presentar un documento falsificado en la etapa de preselección de candidatos a magistrados.
Según explicó Cornejo, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, solicitó una medida cautelar para suspender los fallos del juez de Coroico, a lo que la Comisión de Admisión del TCP aceptó tras considerar que el juez carecía de competencia para emitir el fallo.
Asimismo, el TCP señaló que la revisión de requisitos de candidatos a magistrados compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024. En tal sentido, se anuló de manera provisional los efectos jurídicos de la resolución emitida por Lea Plaza.
En conferencia de prensa y al lado del presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, la autoridad de la Comisión informó que se instruyó al Órgano Electoral mantener la credencial de Coaquira para que ejerza su mandato constitucional, en procura de velar por el orden constitucional y la seguridad jurídica.
La acción de cumplimiento contra Coaquira argüía que una declaración jurada sobre la experiencia docente de la magistrada había sido alterada, ya que una universidad supuestamente había negado que ejerció la docencia en su institución. El recurso alegaba que, debido a que el requisito no fue hecho público, la ciudadanía fue a votar desinformada en los comicios judiciales de diciembre pasado.
Tras estallar el escándalo, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, denunció que el fallo del juez de Coroico constituía un “golpe” al Órgano Judicial, toda vez que habría sido consumado a través de un procedimiento ilegal que vulneraba el principio de preclusión y el voto popular.
SIETE INVESTIGADOS, INTERNADOS O EN SUS CASAS
A la fecha, un total de siete personas son investigadas por el caso “Consorcio”, pues cuatro recibieron detención domiciliaria y los otros tres preventiva, pero se encuentran internados en clínicas de La Paz. Los involucrados son los siguientes:
César Siles: el exministro de Justicia fue enviado por cinco meses al penal de Patacamaya; sin embargo, desde la semana pasada se encuentra internado en una clínica privada. Su defensa legal manifestó que sufrió una complicación infecciosa, tras ser sometido a una intervención quirúrgica colorrectal en febrero, que ahora requiere curaciones diarias, por lo que permanecerá internado al menos cuatro semanas más.
Claudia Castro: aunque la exvocal del TDJ de La Paz fue enviada al penal de Obrajes con detención preventiva por cuatro meses, desde fines de junio fue trasladada a un centro médico privado en la zona de Sopocachi arguyendo otros problemas de salud, según declaró su abogado, Marco Mostajo. Castro también sufrió una “descompensación” al momento de ser aprehendida.
Yván Córdova: el expresidente del TDJ de La Paz actualmente goza de detención domiciliaria sin salida laboral, tras pagar una fianza de Bs 50.000 y ser imputado por consorcio y tráfico de influencias.
Iván Campero: el magistrado suplente de Coaquira en el TSJ también fue beneficiado con detención domiciliaria, luego de ser aprehendido y obligado a pernoctar en celdas policiales. Supuestamente, es quien se habría beneficiado con la suspensión de Coaquira.
José Ramiro Uriarte: el abogado y exvicecónsul de Bolivia en España, en cambio, recibió detención domiciliaria con salida laboral. La investigación señala que fue defensor legal del sujeto que presentó la denuncia contra la magistrada Coaquira.
Marcelo Lea Plaza: el juez de Coroico que emitió el fallo debería cumplir seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro; no obstante, su abogada, Zuleika Lanza, informó que fue internado por un “delicado” problema de salud y que padece depresión. Fue uno de los primeros involucrados en pasar por la cárcel.
Sergio S.: el jefe de Plataforma del Juzgado de Coroico fue también beneficiado con detención domiciliaria y arraigo tras colaborar con la investigación.
