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Elecciones generales, oportunidad de cambio

Rolando J. E. Garvizu M.

Actualmente estamos atravesando diversas crisis, como una por escasez de combustible, alimentos y dólares. Pero es necesario remarcar otra crisis, mucho más preocupante y que pasa desapercibida por la gran mayoría de los bolivianos, la crisis ambiental.
Es posible que muchos se pregunten, por qué la crisis ambiental tendría más importancia que los otros problemas mencionados. Para entender debemos tomar en cuenta que la salud, las industrias, la alimentación y la economía, por citar algunos, de una u otra forma dependen de los recursos naturales, y éstos forman parte del medio ambiente.
Todo el tiempo escuchamos en los medios de comunicación, que se presentan diversos problemas ambientales, como inundaciones, sequias, desertificación, disminución de cuerpos de agua, cambios climáticos extremos. Todo esto, si lo observamos de manera global, nos está mostrando que el planeta está pasando por una crisis ambiental.
Ahora, entre las acciones que aceleran el cambio climático, está la pérdida de los bosques, que desempeñan imperantes funciones para el equilibrio ambiental, porque son termorreguladores, colaboran en el régimen hídrico, generan y purifican el oxígeno, solo por mencionar algunas características.
En Bolivia, desde 2013 hasta la fecha fueron promulgadas 7 normas legales, que fomentan los problemas que estamos presenciando, al permitir la expansión de la frontera agrícola y favorecer el crecimiento económico del país. En 2013 se promulgó la Ley 337 de Apoyo a la producción de alimentos, que autoriza las talas de bosques, realizadas sin autorización hasta 2011. Esta norma fue ampliada en 2014 mediante la Ley 502; en 2015 se promulgó la Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para propiedades pequeñas y comunitarias, para actividades agrícolas y pecuarias y fomentar la seguridad alimentaria. Esta normativa permitió el desmonte de más de 460.000 hectáreas, pero solo se hicieron cultivos en 40.800 hectáreas. En 2018 se promulgó la Ley 1.098 que promueve la ampliación de los cultivos para etanol anhídrido y biodiesel. En 2019 se promulgó la Ley 1.171 que perdonó el pago de multas por quemas sin autorización; en este año también se promulga el Decreto Supremo 3.973 que autoriza el desmonte en bosques para actividades agropecuarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que fue ampliado en ese mismo año con el DS 26.075 para la producción ganadera y agroindustrial. Para rematar, el DS 24.453 de 1996 convierte a Bolivia en el país con la multa más baja por deforestación ilegal, 20 centavos de dólar por hectárea afectada ilegalmente.
En 2024 el país tuvo la mayor tragedia en incendios forestales, perdiendo más de 12 millones de hectáreas, afectando gravemente ecosistemas críticos, como la Amazonia, el Chaco, la Chiquitania y el Pantanal, y ahora el Ministerio de Medio Ambiente anuncia una “autorización limitada” para actividades de chaqueo.
Estos elementos evidencian la ineficacia de las políticas ambientales y el impacto desmesurado de un modelo agroindustrial y ganadero insostenible.
Todo esto demuestra que es necesario un cambio en políticas integrales gubernamentales, aplicadas por los últimos gobiernos, y reevaluar el modelo de desarrollo actual que fomenta la expansión agrícola. Ha llegado esa oportunidad.
En pocos meses tendremos que elegir nuevos gobernantes, y si queremos tener un futuro sin más sobresaltos ambientales, debemos generar el cambio y para esto las próximas autoridades nacionales tienen la obligación de tomar medidas. Lastimosamente, los programas de gobierno presentados por los candidatos, se centran principalmente en agroindustria, minería o explotación de litio, y no presentan medidas claras para mitigar los impactos de esas actividades en el medio ambiente.
Por lo mencionado, se hace un llamado a los actores políticos, fundaciones, ONGs, agrupaciones sociales y población en general, a exigir propuestas más responsables y adecuadas a la realidad del país, que garanticen equidad social, sostenibilidad ambiental y estabilidad económica.

El autor es ingeniero en Ecología y Medio Ambiente.

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