Consorcios de corruptos

Bolivia posee una de las justicias más corruptas del mundo y seguramente compite por el primer puesto en el campeonato de justicia penal más corrompida del planeta. Cada año miles de bolivianos sufren la justicia; es decir, el calvario de lo que es estar en un pleito judicial que se libra entre abogados extorsionadores, jueces que venden sentencias y fiscales que cobran sobornos para actuar de una u otra manera (para no hablar de la Policía, que también hace cobros irregulares en el marco de los procesos judiciales). El problema es medular, pues es corrupto no solo el juez o el fiscal, sino hasta el más joven abogado que hace sus primeras armas litigando. Como las malas prácticas son tan comunes en este órgano del Estado, jueces, fiscales y litigantes miran ya como algo normal la coima o el soborno. Entonces, ¿cómo comenzar a enfrentar este problema que, lejos de haberse mantenido estático, se ha profundizado durante estas dos décadas de gobiernos socialistas?
Existen varios medios de comunicación y organizaciones internacionales que elaboran año tras año rankings de medición de Estado de derecho. Dos de ellos son la revista británica The Economist o la revista estadounidense Foreign Policy, que publican rankings de países en función de criterios objetivos como participación ciudadana, índice de gobierno abierto, transparencia en procesos electorales, institucionalidad o calidad de justicia. Hace unos días, la organización internacional World Justice Project publicó su informe de medición de imperio de la ley, el cual es demoledor para Bolivia, país que está catalogado como el más corrupto de América y como uno de los más corruptos del mundo, solo por detrás de la República Democrática del Congo.
Cabe llamar la atención sobre estos informes —que, dicho sea de paso, siempre son rechazados por sectores izquierdistas/socialistas—, pues hace poco se reveló un caso (otro más) de corrupción en Bolivia, el llamado Caso Consorcio, en el que supuestamente el exministro de Justicia, César Siles le pide a un juez de Coroico emitir una resolución para suspender a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, para que asuma su suplente. Luego de ser descubierto el caso, varios juristas fueron aprehendidos y, según los delitos por los que se los investiga, podrían tener penas de hasta 10 años.
El asunto es que aquel caso es solamente uno más, la punta de un iceberg… Quienes dicen que Bolivia aún vive en democracia son muy ingenuos o unos mentirosos, pues ¿cómo puede haber democracia en un país que es campeón continental en corrupción, o donde un expresidente acusado de terrorismo y estupro sigue caminando libre o donde los delitos de quienes robaron miles de millones de dólares de las arcas fiscales siguen impunes?
Alguna vez, el mismo García Linera —uno de los artífices de la crisis multidimensional que hoy azota a Bolivia— dijo que la justicia de este país “apesta”. Pero habría que apostillar que, si en las épocas llamadas neoliberales la justicia ya era mala, en los años del Proceso de Cambio la situación se volvió ya indescriptible.