La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca ha oficializado la Segunda Versión de la Especialidad en Materia Penal con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Esta iniciativa surge como una respuesta concreta a la necesidad de contar con operadores de justicia empáticos y especializados, comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Los temas abordados incluyen análisis de tipos penales, clínicas jurídicas e investigación penal alineada con la política de igualdad de género y el Artículo 69 de la Ley 348.
A pesar de que la Ley 348 tenga por objeto erradicar la violencia hacia las mujeres, es una norma progresista y su aplicación es dispareja, todavía es una promesa inconclusa. Su cumplimiento exige recursos, voluntad política y formación del personal penitenciario en enfoque de género. Instituciones como la Defensoría del Pueblo han advertido la falta de protocolos específicos de prevención y atención de la violencia dentro de los penales, así como de mecanismos eficaces de denuncia para las mujeres que sufren abuso tras las rejas.
Este proceso interinstitucional, impulsado por el Consejo de la Magistratura a partir de un convenio firmado con la universidad, invita a juezas, jueces, vocales, servidores jurisdiccionales y personal administrativo del Órgano Judicial a un proceso formativo para fortalecer la meritocracia y la transparencia en la administración de justicia. La decana del Consejo de la Magistratura, Dra. Gabriela Paola Araus López, citó que “no se puede impartir justicia desde la indiferencia, porque no se puede aplicar la ley sin comprender el dolor”.
En 2010, la organización Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) documentó que más del 60% de las mujeres presas en Bolivia habían sufrido violencia previa a su detención. Muchas están encarceladas por delitos vinculados a la pobreza, como el microtráfico o el contrabando menor, y otras permanecen años en prisión preventiva, sin sentencia. Si la Ley 348 busca erradicar la violencia en todas sus formas, debe recordar que la violencia institucional también mata, incluso sin armas, y que las mujeres privadas de libertad no pierden su condición de ciudadanas, ni su derecho a vivir libres de violencia.
Con este curso se asume una responsabilidad compartida en la construcción de una Bolivia más justa e igualitaria. Asimismo, se espera que los resultados favorables de este proceso formativo pongan a los juristas en condiciones actualizadas. Retomando las palabras de Norberto Bobbio, quien advertía que «el problema de los derechos no es tanto proclamarlos, sino garantizarlos», se comprende que no basta con tener una ley avanzada; es necesario que ésta también llegue a los rincones más vulnerables del Estado, incluyendo sus cárceles.
La autora es Abogada, con Maestría en Administración de Justicia y Gestión Pública. Organizó Talleres en la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
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