A estas alturas, no es para nadie un secreto que Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente. El deterioro se percibe con claridad en la experiencia cotidiana: salarios que pierden capacidad de compra y ahorros que se diluyen. De hecho, la inflación ha dejado de ser un dato técnico para convertirse en un signo palpable de la inseguridad económica. Las causas están a la vista: una gestión sin visión de largo plazo, basada en medidas transitorias, ha erosionado los cimientos de la estabilidad.
Frente a esta realidad, vale reconocer el esfuerzo de quienes, desde fuera de las estructuras tradicionales del poder, han promovido espacios de análisis más rigurosos. El caso de Marcelo Claure, quien gestionó un estudio por parte del Growth Lab de la Universidad de Harvard, es un ejemplo relevante. Encabezado por Ricardo Hausmann, este informe ofrece una mirada externa, con base técnica, sobre la economía boliviana. Más allá de las posturas que se tenga sobre su impulsor, el informe ha puesto en circulación preguntas fundamentales que no pueden seguir esperando respuestas.
Lo que sí preocupa es el lugar que ha ocupado —o, más bien, no ha ocupado— el ámbito universitario nacional ante esta crisis. Las universidades públicas y privadas han mostrado una participación institucional débil, cuando no ausente. A pesar de contar con programas orientados a la economía y las finanzas, no se percibe una reacción estructurada que articule investigación, reflexión y propuestas frente al contexto que atravesamos.
Según la Guía de Universidades de 2016 del Ministerio de Educación —la más reciente disponible, aunque ya desactualizada—, en La Paz existen cerca de una veintena de universidades privadas, además de la universidad pública. Buena parte de ellas ofrece formación en disciplinas afines a las ciencias económicas y financieras. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el desarrollo de la investigación como función sustantiva sigue siendo incipiente. En muchas de estas instituciones, los centros de investigación cumplen una función más formal que efectiva. En ocasiones, incluso se ofrecen programas de posgrado —incluidos doctorados— sin contar con un entorno académico mínimamente estructurado que permita sostenerlos con el rigor necesario.
Aun en aquellas universidades que sí han logrado consolidar espacios de investigación, la situación macroeconómica actual no parece figurar como una prioridad. En teoría, la política económica aparece como línea de investigación; en la práctica, su presencia es poco visible. Existen análisis valiosos en campos sectoriales o en temas sociales y ambientales, pero el diagnóstico integral de la economía nacional ha sido desplazado. En un país que vive un momento de alto riesgo económico, esa omisión institucional no puede normalizarse.
Sin embargo, no se trata solo de señalar carencias, sino de identificar caminos posibles. Las universidades pueden y deben convertirse en actores activos del debate público. No únicamente por responsabilidad moral, sino porque ese es el sentido más profundo de su existencia. La formación profesional no es suficiente si no va acompañada de pensamiento crítico, capacidad de análisis y vocación pública.
¿Qué se puede hacer desde la universidad? Primero, recuperar la investigación como un eje sustantivo, no como un apéndice ocasional. Eso implica asignar tiempo, recursos y reconocimiento institucional al trabajo investigativo. Segundo, articular esfuerzos entre universidades. Es comprensible que no todas pueden tener grandes centros de investigación económica; por ese motivo, resulta primordial generar alianzas que potencien capacidades compartidas. Tercero, generar espacios de diálogo con actores públicos y privados, sin subordinarse a ellos, pero tampoco ignorando su rol. La universidad debe ser un lugar de encuentro, donde se pueda discutir con datos e información fidedigna.
También es indispensable formar estudiantes capaces de pensar la economía desde una mirada crítica. Esto requiere planes de estudio que no se limiten a reproducir modelos importados, sino que promuevan el análisis de la realidad boliviana, con sus tensiones, limitaciones y posibilidades. Un egresado que no comprenda la crisis que lo rodea difícilmente podrá contribuir a superarla.
No faltan capacidades individuales. Docentes, investigadores y estudiantes realizan esfuerzos significativos por entender y explicar lo que ocurre. Pero la acción aislada, por valiosa que sea, no sustituye la necesidad de una respuesta institucional articulada. La universidad, entendida como comunidad crítica, tiene aún mucho que aportar si asume con convicción su papel en este momento histórico.
Sin duda, la coyuntura actual debe verse como una oportunidad para la academia: una oportunidad para recuperar la palabra, para reconstruir el sentido social de la universidad y para volver a ser parte activa del debate público y la construcción del país que queremos. Si la academia renuncia a su voz en estos momentos críticos, ¿quién hablará con rigor y compromiso?
El autor es Economista y diplomático de carrera con Ph.D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.