Valorando como “inaceptable” que el expresidente, Evo Morales, reciba una renta vitalicia mensual de Bs 27.500 siendo prófugo de la justicia y señalado como responsable por varios delitos contra la vida, la seguridad y la soberanía nacional, el jurista libertario, Franz Barrios Gonzáles, propuso un proyecto de Decreto Supremo para suspenderle este beneficio al exmandatario, evitando así la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Solicitamos al Ejecutivo suspender inmediatamente el pago de la renta vitalicia (Bs 27.500) del criminal prófugo, Evo Morales (…)”, señaló Barrios en su cuenta de X, donde plantea que se puede lograrlo “ingeniosamente” por vía de un Decreto Supremo, sin la intervención “mañuda” de la ALP.
A tiempo de criticar la inacción de varios “analfabetos del derecho y la casta política” al haberse opuesto por cinco años a la abrogación de la Ley 376 (Ley de Reconocimiento Pecuniario a Expresidentes y Exvicepresidentes Constitucionales del 15 de mayo de 2013), la cual otorga una “inmerecida” renta vitalicia a ocho exfuncionarios de Estado, Barrios propuso que ésta sea suspendida para Morales por los procesos que enfrenta y por las acciones terroristas que comanda.
“Presentamos al presidente del Estado (Luis Arce) un proyecto de Decreto Supremo destinado a reglamentar el artículo 5 de dicha ley (sobre la incompatibilidad o suspensión del beneficio), con el propósito específico de suspender el pago de esta renta al prófugo de la justicia, Juan Evo Morales Ayma, quien enfrenta múltiples procesos penales y una orden de aprehensión pendiente de cumplimiento”, señaló el jurista.
Barrios considera “un insulto a la justicia” y un agravio a la dignidad nacional que Morales, a quien acusó de ser un líder narcoterrorista regional, le cueste al país Bs 300 mil anualmente por “no hacer nada” más que atentar contra la vida, la unidad territorial y la seguridad de Estado por caprichos políticos, en referencia a los recientes bloqueos y enfrentamientos que dejaron cinco personas fallecidas, así como un proceso penal por presunto estupro y trata agravada.
“Es inaceptable que un responsable de crímenes contra la vida, la unidad territorial, la seguridad interna y la soberanía nacional —cabecilla del narcoterrorismo de izquierda— siga cobrando Bs 27.500 cada mes del erario público. Esto no solo es un insulto a la justicia, es una afrenta a la dignidad del pueblo boliviano”, comentó el jurista.
Barrios enfatizó que la renta vitalicia es un privilegio más que un derecho, el cual no está amparado por los principios de progresividad, no regresividad, irrenunciabilidad, condición más beneficiosa, “ni por la interpretación extensiva u otros criterios”.
Fuentes oficiales del Gobierno y expertos en seguridad en contacto con EL DIARIO coincidieron en señalar que las recientes actividades terroristas en Llallagua y otros puntos en Cochabamba estarían financiadas por ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico y el crimen organizado que opera en la región.
Además del cocalero, la ley en cuestión beneficia a otros cinco expresidentes y dos exvicepresidentes, cuyas rentas conjuntas ascienden a un gasto de Bs 2.640 millones al año: Guido Vildoso Calderón, Jaime Paz Zamora, Víctor Hugo Cárdenas, Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez, Eduardo Rodríguez Veltzé, y Álvaro García Linera.