En diciembre de 2024, las autoridades ecuatorianas lograron desmontar una red criminal que utilizaba la minería de oro para lavar dinero del narcotráfico. El rostro más visible fue Carlos Zambrano, alias Carlitos, empresario inmobiliario con vínculos en las Fuerzas Armadas y la Policía.
En junio de 2025, la Policía ecuatoriana desarticuló una red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías, alias «Fito», líder de los Choneros. En el operativo fueron detenidas varias personas, entre ellas su pareja, Verónica Briones, quien manejaba negocios fachada para blanquear dinero del narcotráfico. También fue capturado alias «Mongolo», operador clave de la organización. La operación busca debilitar el poder financiero de la banda mientras Fito sigue prófugo desde enero de 2024.
«Este tipo de casos aislados no puede hacernos creer que ya tenemos las herramientas para controlar el lavado de activos», advierte Pablo Hidalgo-Romero, docente de la UIDE. «Las formas de lavado mutan, las instituciones no», recalcó.
SUPERA 6% DEL PIB
El lavado de activos en Ecuador ya no es solo una amenaza para la seguridad: es una realidad económica paralela que mueve miles de millones de dólares al margen de los controles estatales. Según estimaciones reveladas por el economista y actuario Juan Sebastián Naranjo, la magnitud podría superar el 6% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, es decir, más de 6.000 millones de dólares al año.
«Se detectó un descalce entre la cantidad de dinero declarada al Servicio de Rentas Internas y los movimientos bancarios reales. Se estima que entre el 50% y el 60% de ese dinero caliente no era declarado y, por tanto, su origen era ilícito», explica Naranjo. A esto se suma el dinero que nunca se bancariza, es decir, que circula en efectivo y nunca entra en el radar de las instituciones.
Hidalgo-Romero lo confirma desde otra perspectiva: la desconexión entre el sistema financiero y la economía real. «Mientras la economía está estancada, el sistema financiero siguió creciendo, y eso no se explica únicamente por factores legítimos. Es un síntoma de que se está lavando dinero dentro del sistema», advirtió.
Uno de los datos más alarmantes que expone Hidalgo-Romero es el uso masivo de efectivo: en Ecuador, el 17% del PIB circula en especies monetarias (billetes y monedas), muy por encima del 10% que reportan países con mayor trazabilidad financiera. «Ese uso intensivo de efectivo hace casi imposible rastrear los flujos de dinero ilícito», agregó.
Además, recuerda que muchos sectores, como la construcción, la venta de vehículos o la minería, operan con altos volúmenes en efectivo, sin control ni verificación del origen del dinero. «Hablamos de micro lavado: muchas transacciones pequeñas, aparentemente legales, que sumadas representan montos millonarios lavados sin levantar sospechas», puntualiza.
MICROLAVADO
A diferencia de las películas, donde el lavado de dinero se hace con grandes maletines de efectivo, en Ecuador adopta una forma más sutil: el microlavado. Se trata de miles de pequeñas transacciones hechas por intermediarios o testaferros: la compra de un auto, pagos en efectivo para construir una casa, depósitos de 3.000 o 4.000 dólares sin justificación.
«Si uno hace una transferencia por 4.000 dólares nadie pregunta mucho. Pero si haces 40 de esas, ya estás hablando de 160.000 dólares, sin levantar ninguna alarma», explica Hidalgo-Romero. La fragmentación deliberada de montos evita los filtros del sistema bancario, pero en conjunto representa una entrada constante y creciente de dinero sucio.
¿DÓNDE ESTÁN LOS PUNTOS CIEGOS?
Los sectores más expuestos son la construcción, la venta de vehículos, el comercio informal y la minería ilegal. Pero el problema es más profundo: el sistema de control institucional fue rebasado.
La Superintendencia de Compañías no puede fiscalizar a tiempo a empresas fantasma que facturan millones sin respaldo real.
La UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) no tiene suficientes analistas ni herramientas tecnológicas modernas.
Las cooperativas de ahorro y crédito, más de 500 en total, no están bajo la misma lógica ni control que los bancos, pese a mover sumas significativas.
La informalidad, que engloba más del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), crea un ambiente fértil para el crimen organizado. Microempresas de subsistencia, emprendimientos frágiles y sin control, son el vehículo perfecto para el lavado.
«Es un problema estructural. Cuando no hay empleo adecuado, la gente se ve tentada, o forzada, a entrar en redes delictivas. No hay otra opción», explica Hidalgo-Romero.
MINERÍA Y NARCOTRÁFICO
El caso de la empresa Goldenminerals en 2024 expone cómo el oro se ha vuelto una nueva moneda para el lavado. La compañía, sin concesión minera propia, operaba en alianza con Cerro Azul en Azuay, explotando oro bajo contratos poco regulados. Los investigadores sostienen que usaban empresas legalmente registradas, sin licencia ambiental ni controles, para simular exportaciones de oro.
Más de 1.300 millones de dólares en exportaciones de oro ecuatoriano provienen de la minería ilegal. Estas cifras no solo comprometen el control fiscal, sino que infiltran el sistema financiero nacional con fondos criminales.
¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA?
«No se trata de que los bancos no hagan su trabajo», señaló Hidalgo-Romero. «Cumplen con la normativa, pero el problema es que esa normativa está desfasada». Sugiere fortalecer a la Superintendencia de Compañías y la UAFE, y dotarlas de profesionales especializados, lo cual, advierte, no es barato ni fácil de conseguir en un país con sueldos bajos en el sector público.
Para Naranjo, el camino va por otro lado: conectar las bases de datos del sistema financiero, SRI, registro mercantil y registro de la propiedad, y aplicar inteligencia artificial. Con eso, señaló, se pueden detectar patrones anómalos en tiempo real. «En 15 meses podríamos tener modelos predictivos robustos si hay voluntad política», aseguró.
El lavado de activos es un fenómeno adaptable. Mientras las mafias mutan de técnicas, del efectivo a criptomonedas, de exportaciones ficticias a minería ilegal, las instituciones públicas ecuatorianas siguen atrapadas en una lógica lenta, sin recursos ni flexibilidad.
«La justicia tarda, los controles no se actualizan y, para peor, hay enquistamiento de mafias en el Estado», lamentó Naranjo. Sin datos confiables, sin expertos y sin voluntad política sostenida, las autoridades seguirán llegando tarde. Dos pasos por detrás.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Entre otros aspectos: Crear un registro real de beneficiarios finales de empresas y concesiones. Masificar medios de pago digitales para disminuir el uso de efectivo. Unificar y cruzar bases de datos públicas para identificar anomalías en tiempo real. Fortalecer la UAFE y las superintendencias, con inversión en talento humano especializado. Diseñar una estrategia nacional interinstitucional, con objetivos concretos y presupuesto definido.
«PARTE DEL PROBLEMA»
Julia Yansura, directora del Programa sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition, lanza una advertencia incómoda: Estados Unidos es parte del problema. «Lo que hemos observado en los últimos meses en EEUU son cambios sistémicos que debilitan medidas antilavado. Esto permite que el dinero sucio entre sin que nos demos cuenta», explicó.
El oro proveniente de la minería ilegal en países como Ecuador, más rentable hoy que el narcotráfico, es «blanqueado» mediante comercializadoras ficticias y exportado a mercados internacionales. Luego, ese dinero ingresa al circuito financiero estadounidense y europeo, especialmente a través del mercado inmobiliario costero. «El oro es ideal para lavar: tiene alto valor, es portable y, en apariencia, es legal», agregó Yansura.
JUSTICIA CORRUPTA
Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) también se generan alrededor de 830 informes ejecutivos al año, donde se presentan indicios de aumento injustificado de patrimonio, movimientos inusuales en cuentas, entre otra información que se envía a la Fiscalía General del Estado.
Roberto Adriano, economista, exconsultor bancario en temas de lavado de activos, explicó que la mayoría de esa información se queda en el camino y no se concreta en sanciones, sentencias o decomiso de bienes.
«La Justicia ecuatoriana está desbordada e infiltrada por mafias. Todavía no se logra tener mecanismos eficientes para identificar beneficiarios finales y empresas fantasmas. Además, falta personal», puntualizó.
El resultado es que en la Fiscalía se inician 69 investigaciones de lavado de activos al año; pero las sentencias llegan a 6. El nivel de decomiso de bienes (comprados con dinero sucio) apenas llega al 1%.
Andrés Rubio, abogado especializado en cumplimiento y procesos de lavado de activos, puntualizó que las sentencias condenatorias se concentran en casos puntuales de corrupción y narcotráfico, pero otras amenazas quedan fuera del radar.
VIGILANCIA BANCARIA
En las agencias bancarias de Ecuador, el proceso de control para detectar posibles casos de lavado de activos se apoya en procedimientos manuales que presentan varias vulnerabilidades. Auditores internos visitan las sucursales, descargan los movimientos de todas las cuentas asociadas a la agencia y revisan operaciones inusuales o montos elevados fuera del patrón habitual del cliente. Una vez identificadas las transacciones sospechosas, solicitan a los asesores comerciales los soportes documentales que justifiquen esos movimientos: contratos, compraventas u otros justificativos.
Sin embargo, este método depende en gran medida de la diligencia de los asesores comerciales y de la autenticidad de los documentos que entregan. Los auditores no son abogados ni especialistas legales, por lo que deben confiar en que los asesores hayan hecho una verificación adecuada. Cuando los documentos generan dudas, se solicitan nuevos respaldos, pero no existe un protocolo estandarizado ni herramientas tecnológicas que automaticen la detección de riesgos.
«Si alguien presenta un contrato de compraventa falsificado o un documento legal adulterado, es muy difícil que un auditor lo detecte sin conocimientos jurídicos o sin apoyo tecnológico», advierte Camila Rodríguez, experta en prevención de lavado de activos. «Se necesita algo más que buena fe y revisión manual para frenar las operaciones del crimen organizado».
Expertos internacionales coinciden en que el sistema ecuatoriano todavía carece de elementos clave que ya se aplican en otros países. Entre las mejores prácticas están el uso de software de monitoreo automático que detecte patrones sospechosos en tiempo real, el fortalecimiento del proceso de debida diligencia bajo estándares internacionales de Conozca a su Cliente (KYC), y la integración de bases de datos entre entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y registros notariales.
Sin estas herramientas y sin una capacitación continua del personal bancario, las brechas del sistema pueden ser aprovechadas por redes de lavado de dinero cada vez más sofisticadas.(Diario La Hora)