Plantean estado de excepción y la militarización del Chapare

Ante una preocupante radicalización en las medidas de presión asumidas por parte del “evismo” para forzar una candidatura inconstitucional en favor de Evo Morales y provocar la caída del actual Gobierno, legisladores sugirieron considerar una declaratoria de estado de excepción en la región del Chapare, sin descartar una militarización de esta y otras zonas en conflicto.
“Debería haber un Estado de sitio si el gobierno no puede controlar la situación, debería considerarse esta medida por lo menos en el Chapare o en los puntos donde estos grupos delincuenciales están tratando de asfixiar al país atentando contra la economía de todos”, señaló el diputado paceño Miguel Roca.
En criterio del parlamentario opositor, Morales y su angurria de poder buscan secuestrar al país para mantener vigencia política y tratar de retornar al poder de cualquier forma, hecho que demanda la aplicación de medidas puntuales y actuar con fuerza.
Al respecto, el diputado Alejandro Reyes acusó al dirigente cocalero de maniobrar para provocar una escalada de violencia en el país, generando malestar en la población y las fuerzas del orden para finalmente conseguir la caída del actual gobierno.
En esa línea, instó al Ejecutivo asumir las medidas necesarias para ejecutar la orden de aprehensión que pesa sobre Morales y, a partir de esa acción, considerar un estado de excepción y hasta la militarización del Trópico.
“Lo que tiene que hacer el gobierno no es solamente dictar un Estado de sitio de entrada, sino levantar los bloqueos y aprehender a Evo Morales. Con o sin Estado de sitio, igual Morales hace lo que le da la gana, por lo que el desafío es primero aprehenderlo”, dijo.
Respecto a una posible militarización, el legislador afirmó que esta debió haberse producido hace bastante tiempo atrás, sin embargo, ante una actual situación complicada, no deja de ser una opción que necesita analizarse.
“No sabemos si el gobierno aún cuenta con el respaldo del alto mando militar al tratarse de un gobierno de salida, por eso se debe primero proceder con la aprehensión de Morales y luego tomar decisiones como el estado de sitio o la militarización”, concluyó.
Ayer, a través de sus redes sociales, la asambleísta nacional por Santa Cruz, María René Álvarez, demandó al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, asumir las medidas necesarias en contra de los grupos violentos que han comenzado a amenazar la seguridad del país, generando escenarios de confrontación y convulsión social, con la finalidad de afectar la economía del país y postergar las elecciones generales.
Según Álvarez, Arce fue electo para cumplir un mandato constitucional entre el 8 de noviembre de 2020 y el 8 de noviembre de 2025, por tanto, está dentro de su responsabilidad emanada del voto democrático, el dar respuestas y soluciones efectivas al país en tanto dure su gestión.
“Las recientes amenazas de esos grupos criminales, que recaen en las figuras de instigación pública a delinquir y terrorismo, así como la instalación de bloqueos que dañan al aparato productivo nacional y recaen en mayor crisis económica para los bolsillos de la población, son acciones que no se pueden tolerar en un Estado de Derecho”, puntualizó Álvarez.
Asimismo, aseguró que las decisiones que se asuman en las próximas horas y días, definirán si la actual administración cumplirá con su mandato constitucional hasta el 8 de noviembre, o en caso de incurrir en inacción, incumplimiento de deberes o negligencia, provocarán mayor convulsión social y luto en la población boliviana.
Desde el gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseveró que autoridades se encuentran evaluando la situación y trabajando para garantizar la libre transitabilidad en las carreteras del país, sin embargo, la autoridad no confirmó ni descartó esta posibilidad.
“Estamos yendo paso a paso, como corresponde, hay que garantizar y cuidar la vida de los bolivianos, aunque a otras personas no les interese (…). Lo que importa es garantizar la estabilidad, la paz y las acciones que se van a asumir en el marco de nuestras competencias, respetando la Constitución, pero velando por la vida de los bolivianos. En la gestión del Presidente no hemos tenido pérdida de vidas humanas”, sostuvo.