Tras la determinación judicial de paralizar el tratamiento de los convenios firmados con empresas transnacionales para la explotación de litio hasta que se presenten informes de impacto ambiental, el alcalde de alcalde de Cochabamba y candidato presidencial, Manfred Reyes Villa, demandó a autoridades de gobierno respeto a las normas, y atención a las denuncias de comunidades afectadas por esta actividad.
“Exigimos transparencia y respeto a la ley en el proceso de explotación del litio. Bolivia merece la verdad por parte del Gobierno, como también escuchar la voz de los pueblos indígenas y de las comunidades directamente afectadas”, expresó la autoridad edil a través de sus redes sociales.
En esa línea, Reyes Villa cuestionó que informes presentados por autoridades de la estatal YLB, sean ampliamente contradictorios con las denuncias realizadas por asambleístas nacionales y representantes de las zonas directamente afectadas por las operaciones de empresas involucradas en esta actividad, pese a no existir ningún contrato aprobado por la ALP.
“Queremos un Estado facilitador, que trabaje de la mano con el sector privado, garantizando inversión, desarrollo y respeto a la Constitución y a los pueblos indígenas. Industrializar el litio no puede ser un negocio de unos pocos, sino una oportunidad para todos los bolivianos”, sostuvo Reyes Villa, asegurando que debe ser el próximo gobierno el encargado de consolidar este desafío histórico con transparencia, seguridad jurídica y beneficios reales para el país.
El martes, el juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, emitió un fallo ordenando la “suspensión inmediata” de los contratos de litio con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
Asimismo, se dispuso, como medida cautelar, la suspensión inmediata al tratamiento legislativo de los contratos con dichas empresas, además de instruir a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos a “abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos en tanto se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.
Para la diputada potosina Lissa Claros, este fallo es producto de una “lucha incansable” por parte de parlamentarios y dirigentes potosinos.