Medidas ante infanticidios

El infanticidio, definido en la legislación boliviana como el acto de quitar la vida a una niña o niño desde su nacimiento hasta los 12 años de edad, ha emergido como una de las manifestaciones más alarmantes de violencia en el país. Las cifras recientes evidencian una tendencia preocupante que exige una respuesta contundente por parte de la sociedad y las instituciones municipales destinadas a salvaguardar la vida de menores.
Según el Observatorio del Ministerio de Gobierno, en 2024 se registraron 38 casos de infanticidio en Bolivia, lo que representa un incremento del 52% en comparación con los 25 casos reportados en 2023. El departamento de La Paz lidera estas estadísticas con 18 casos, seguido por Santa Cruz con 9. En la presente gestión la muerte violenta de menores por parte de sus progenitores muestra grados de violencia y desesperación ante la imposibilidad de enfrentar la vida junto a sus descendientes.
Un análisis más detallado, que expone Infobae, revela que en el 58% de los casos, los perpetradores fueron las propias figuras de cuidado: padres (31%), madres (29%) y padrastros (15.7%). Además, siete de cada diez víctimas eran menores de cinco años, lo que subraya la vulnerabilidad extrema de este grupo etario.
La asfixia fue la principal causa de muerte, representando el 42.11% de los casos, seguida por golpes o traumas con un 26.32%, de acuerdo a datos analizados por organismos de investigación de la Policía Boliviana.
Estas cifras no solo reflejan una crisis de seguridad ciudadana, sino también una profunda problemática social y familiar. La violencia intrafamiliar, la falta de condiciones económicas en parejas jóvenes, la ausencia de apoyo psicosocial y la carencia de mecanismos efectivos de protección infantil contribuyen a este escenario desolador.
La Defensoría del Pueblo ha sistematizado 3.074 procesos relacionados con feminicidios, infanticidios y violaciones a menores, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de abordarlo de manera integral.
Es imperativo que el Estado boliviano, en colaboración con organizaciones internacionales e instancias de investigación de la Policía Boliviana, además de la sociedad civil, implemente políticas públicas orientadas a:
1. Fortalecer los sistemas de protección infantil: Garantizar que las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la niñez cuenten con los recursos y la capacitación necesarios para identificar y atender situaciones de riesgo.
2. Promover campañas de concienciación: Sensibilizar a la población sobre la gravedad del infanticidio y las señales de alerta que podrían prevenir tragedias.
3. Brindar apoyo psicosocial a las familias: Ofrecer servicios de asesoramiento y acompañamiento para padres y cuidadores, con el fin de prevenir situaciones de violencia intrafamiliar.
4. Fortalecer el sistema judicial: Asegurar que los casos de infanticidio sean investigados y procesados con celeridad y rigor, garantizando justicia para las víctimas y sus familias.
5. Alertar a las instancias de seguridad: La familia ampliada debe hacer permanente seguimiento de los cambios de comportamiento de los padres de familia, sobre todo adolescentes, cuando éstos no puedan enfrentar problemáticas cotidianas.
La niñez boliviana merece crecer en un entorno seguro y protector. Es responsabilidad de todos, desde las autoridades hasta cada ciudadano, trabajar juntos para erradicar esta forma extrema de violencia y construir un futuro donde los derechos de las niñas y niños sean plenamente respetados y garantizados.