En Bolivia se cumple a cabalidad aquel viejo principio práctico-pragmático que dice: “Para el amigo, todo; para el enemigo, la ley”, que en buen romance significa que a los adulones y serviles se los premia con favores y buenas situaciones, pero a los adversarios políticos se los castiga aplicándoles inmisericordemente la ley. Y si bien es una frase que se ha aplicado por mucho tiempo en gran parte de los Estados liberados del yugo español, que describe en pocas palabras la cultura política criolla y que pinta cabalmente lo que es un resquebrajamiento del Estado de derecho, en algunos países ha dejado una estela mucho más fuerte. El origen de la frase es desconocido, pero se cree que nació en el periodo colonial, época en la que la justicia era aplicada con total discrecionalidad, a merced de las influencias que se tuviera con el poder y siempre con sobornos y coimas, como en la actualidad.
Aquella es una de las herencias coloniales más perniciosas, pero los izquierdistas y descolonizadores, que hoy están muy de moda en todo el mundo, claramente no la consideran como negativa o como una característica que habría que eliminar; sus políticas públicas, pues, se han orientado solamente hacia el revestimiento folclórico de un espíritu conservadoramente corrupto que, se podría decir, es inamovible desde remotos siglos.
Esa máxima de comportamiento corrompido es la que la jueza Lilian Moreno Cuéllar, de 46 años, puso en práctica a pie juntillas cuando desactivó el mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales Ayma, acusado de haber embarazado a una menor de 15 años en el año 2015, en su auge de popularidad política. En los últimos días de abril del presente año, la jueza Moreno, graduada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dejó sin efecto la orden de aprehensión y congeló los actos procesales contra Morales. No obstante, esta no es la primera vez que Moreno Cuéllar beneficia a Morales, pues en octubre de 2024 ya dejó sin efecto una orden de apremio en contra del exmandatario y dispuso que el caso fuera llevado a Villa Tunari, Cochabamba, pese a que los hechos sucedieron en Tarija… En el Trópico cochabambino el líder cocalero estaría custodiado por miles de cocaleros afectos a su figura, sin permitir una aprehensión.
En realidad, y teniendo en cuenta la máxima colonial comentada en los anteriores párrafos, la actitud de aquella abogada no sorprende mucho. Pasó gran parte de su vida trabajando en instituciones del Estado, seguramente por favores políticos del Gobierno de Evo Morales. En 2012 fue jefa distrital de Impuestos Nacionales en Tarija; entre 2013 y 2014, jefa del Departamento Jurídico de Impuestos en Santa Cruz; en 2018, jefa de la Unidad Jurídica de ENFE; y en 2019 asumió como jueza. Ese largo recorrido laboral en instituciones públicas tampoco sorprende mucho, pues miles de burócratas se pasan la vida saltando de institución estatal en institución estatal. Los bolivianos estamos gobernados por autoridades parasitarias y nuestro sistema judicial es, igual que en la colonia, corrupto y discrecional. Y en esto sí hay que darles toda la razón a los izquierdistas: Bolivia necesita descolonizarse.
“Para el amigo, todo; para el enemigo, la ley”
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