La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) ha interpuesto una Acción de Amparo Constitucional contra el fallo de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que vulnera gravemente sus derechos y establece un precedente alarmante para la seguridad jurídica en el país, perjudicando a miles de familias bolivianas. El pago a Fancesa de más de 700 millones de bolivianos pone en riesgo los empleos de la empresa cementera.
Sobre la base de un proceso judicial en el que se han cometido innumerables atropellos, se pretende condenar a Soboce a pagar 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa, con la única finalidad de forzar una obligación absolutamente injustificada, sancionando la obtención de 35 millones de bolivianos en préstamos de dinero que Soboce adquirió en su momento y que pagó en su totalidad con sus propios recursos, utilizando para ello el argumento de que aquellos préstamos debieron entregarse a Fancesa por el solo hecho de haber otorgado en garantía las acciones que eran de exclusiva propiedad de la cementera de Viacha.
Sucre
Entre tanto, el Colegio de Administradores de Empresas de Chuquisaca (Cadech), en cumplimiento de su misión de promover la ética empresarial y el desarrollo económico regional, manifiesta su firme respaldo a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) frente a las acciones de competencia desleal ejercida por SOBOCE durante su etapa como socia de la empresa chuquisaqueña.
Como Institución comprometida con la sana competitividad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), rechazamos categóricamente cualquier práctica que, en lugar de fomentar el progreso colectivo, perjudique a empresas que son Patrimonio Económico y Social de Chuquisaca, señala un comunicado de la entidad.
Desde CADECH, alzamos la voz en defensa de las empresas sucrenses y chuquisaqueñas, que merecen operar en un mercado justo y equitativo, libre de estrategias abusivas por parte de grandes corporaciones.
Sin embargo, en redes sociales se observa la decisión de la justicia en contra de Soboce, pues los recursos aliviarían la situación de la cementera sucrense.
Explicación
El país en su conjunto debe enterarse de este abuso que sanciona a Soboce por una operación completamente licita. Dicha pretensión representa en Bolivia y en cualquier parte del mundo, un intento de consolidar un enriquecimiento ilícito, ilegal y delictivo perpetrado con ayuda de algunas autoridades judiciales, con la finalidad nefasta de destruir a Soboce, una empresa que ha contribuido al país por 100 años pagando impuestos y generando 1,500 empleos directos y más de 200 mil indirectos, señala el comunicado de la entidad cementera.
Toda esta irregular situación tiene como finalidad que Fancesa se convierta en detentador prácticamente único de un monopolio en la industria boliviana del cemento, no por haber trabajado, ni por ser acreedor realmente de nada, sino por alegar un inexistente «daño al proyecto de vida», como si Fancesa fuese una persona natural y el supuesto daño fuera producto de genocidio o graves afectaciones a la libertad humana, desconociendo que ese concepto es utilizado por el derecho internacional exclusivamente para tales casos, recuerda.
Es importante aclarar que Fancesa nunca dejó de generar utilidades ni de crecer económicamente durante el período en cuestión. Argumentar lo contrario es construir un relato ficticio, sin base probatoria y con la única intención de ocultar la ineficiencia de la actual administración, que ha mal utilizado la empresa en detrimento de Chuquisaca y del país. Rechazamos el uso distorsionado del aparato judicial y condenamos cualquier intento de manipulación a la población chuquisaqueña con engaños y tergiversaciones, alerta.