La Defensoría del Pueblo (DPB) volvió a exigir al Estado garantizar la protección del derecho a la imagen y el respeto al principio de presunción de inocencia, luego de que las autoridades presentaran en conferencia de prensa a un supuesto autor del asesinato de un joven, hecho ocurrido a las afueras de una discoteca en la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
La institución defensorial expresó su preocupación por la reiterada práctica de mostrar públicamente a personas como culpables antes de contar con una imputación formal, una acción que vulnera los derechos humanos y contradice las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la sentencia del caso Valencia Campos contra el Estado boliviano, el tribunal internacional advirtió que “estas conferencias de prensa tienen un impacto mediático que afecta negativamente a la honra de las personas presentadas como culpables, aun antes de que se haya realizado cualquier imputación formal en su contra”.
La DPB recordó que el 6 de febrero de este año obtuvo una tutela favorable en la Acción de Protección de Privacidad interpuesta ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en defensa de los derechos de Reyna R. H. H., quien también fue exhibida públicamente en un caso anterior. Esta resolución marcó un precedente en la defensa del derecho a la imagen y la presunción de inocencia frente al uso mediático de las investigaciones penales.
Asimismo, la institución invocó estándares internacionales. El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen claramente que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”.
En ese marco, la DPB instó a las autoridades competentes a adoptar medidas de no repetición, garantizar el respeto a los derechos humanos y asegurar el cumplimiento del debido proceso para todas las personas involucradas en hechos investigados. (Erbol)