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Caso Zúñiga

Sentencian a dos militares por la asonada de junio

Desde septiembre del año pasado, ya suman tres militares sentenciados. Ese mes, el capitán, Marco C. C., fue el primer sentenciado por este caso, tras acogerse a proceso abreviado.

Dos exmiembros del Ejército fueron sentenciados a una condena de tres años de cárcel por las acciones militares de junio de 2024, tras ser señalados como cómplices de los delitos de alzamiento armado y resoluciones contrarias a la ley en proceso abreviado, informó ayer la Procuraduría General del Estado (PGE).

Mediante la Resolución 88/2025, un juez dictó la sentencia condenatoria contra Miguel Fernando I. S. y Leonel Elio S. R., “quienes han sido hallados culpables de los delitos de Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, en grado de complicidad”, a cumplirse en el penal de San Pedro, señala el comunicado.

Ambos exuniformados fueron señalados como subalternos y colaboradores del excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, principal acusado por las acciones militares del 26 de junio de 2024, cuando éste ingresó con tanquetas y decenas de soldados encapuchados a Plaza Murillo, hasta estrellar una puerta del Palacio Quemado, en lo que el Gobierno denominó un intento fallido de golpe de Estado.

El primer sentenciado cumple detención preventiva en Patacamaya, mientras que el segundo había sido procesado en arresto domiciliario, de acuerdo con información de Erbol.

Con ellos, suman tres militares sentenciados por este hecho. En septiembre del año pasado, el capitán, Marco C. C., fue el primer militar en ser sentenciado tras acogerse a proceso abreviado en este caso denominado “Golpe de Estado III” por ser un supuesto intento de desestabilizar el gobierno de Luis Arce.

La expresidenta Jeanine Añez –procesada por los casos “Golpe I” y “Golpe II” por los hechos previos y ulteriores a la renuncia de Evo Morales en 2019– se refiere a estos casos como “patrañas” del Gobierno, denunciando que forman parte de su estrategia de persecución judicial a opositores políticos, mediante la acusación en casos inventados y sin fundamento jurídico.

 

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