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Los candentes contratos para explotar el litio

Uno de los temas de máxima importancia que el país encara desde hace más de quince años y varios gobiernos, es la explotación del más rico yacimiento de litio en el mundo, el del Salar de Uyuni. El actual gobierno del Estado Plurinacional ha firmado contratos con el consorcio chino Hong Kong CBC y la empresa rusa Uranium One Group, los cuales son motivo de cuestionamientos, debido, particularmente, a que no hubo previa socialización de esos documentos. Asimismo, tales contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa para que entren en aplicación.
El asunto fue motivo de notable publicidad y se espera que sea considerado por parlamentarios responsables, en el curso de los próximos meses y antes de que se realicen las elecciones generales, fijadas para el 17 de agosto próximo.
En el tratamiento del delicado tema, actualmente se han presentado, por supuesto, dos partes, una del gobierno del Estado Nacional, que defiende su proyecto con sentido pragmático y otra de la oposición, que al respecto difunde argumentos para reformar el contrato y hacerlo más favorable para el país. En efecto, el gobierno ha señalado una serie de aspectos generales a su favor. como la necesidad de explotación del litio, la cantidad de millones de toneladas del mineral que serán exportados, los ingresos que percibirá el país en momentos que ha llegado a sufrir una suerte de crisis económica que preocupa a la mayoría de la población.
Por su parte, la oposición ha hecho conocer numerosos argumentos que indican que el contrato de referencia debe ser mejorado para evitar que el país vuelva a ser solo productor de materias primas, como, por ejemplo, ocurrió durante la primera mitad del siglo pasado, con el estaño y antes con la plata.
En cuanto a los cuestionamientos de la oposición, no ingresan al fondo de las intenciones del contrato y sus proyecciones económicas y políticas. Por ello gran responsabilidad han asumido los asambleístas en cuanto se refiere a analizar y debatir sobre las proyecciones de la operación industrial relacionada con el litio, puesta en marcha otra vez en una primera fase.
En todo caso, lo que se observa en esta negociación es que el debate público es todavía superficial y no entra en la esencia de la cuestión, quedándose, como se dice, en las ramas y se necesita ingresar al fondo mismo de la operación. Por ello se necesita una revisión exhaustiva sobre cuánto se invirtió, particularmente por los gobiernos de MAS, para “industrializar” el litio, sin éxito hasta ahora. También se debería determinar si la suscripción de contratos en este caso, se puede dejar a un gobierno que está por finalizar su gestión.
Finalmente, autoridades e instituciones de Potosí, en cuyo territorio se encuentra el yacimiento de litio –considerado el “oro blanco” por su importancia actual en nuevas industrias– insisten en que el asunto no solo debe ser de interés parlamentario, sino que tiene que ser sometido a un referéndum, en vista de la magnitud de la negociación.

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