Corrupción de autoridades públicas

Un problema que no desaparece es la corrupción en la administración pública. Nuestra historia está saturada de casos de corrupción que han tenido, sin embargo, diferente repercusión. En el pasado ya remoto, cuando alguna autoridad era descubierta cometiendo delitos, la condena social era insoportable para el sindicado. Por el contrario, en los últimos años, ese mal se muestra con rasgos cada vez más sofisticados y a veces con total desparpajo.
En el tiempo actual se ha revelado hasta la formación de consorcios, entre operadores de justicia, uniformados y otros, con tal de favorecer a delincuentes, a cambio de jugosas ganancias. Por otra parte, varias autoridades nacionales, acusadas de corrupción, han tenido que ser destituidas y procesadas, generalmente por enriquecimiento ilícito o aprovechamiento indebido de bienes del Estado.
De 2020 al presente, hubo estos casos: Wilson Cáceres fue destituido como ministro de Desarrollo Rural y Tierras, por contratar a su expareja como jefa de gabinete. Su sucesor, Ronald Caracayo, meses después fue detenido al recibir un soborno de miles de dólares para beneficiar con adquisición y saneamiento de tierras. Juan Santos Cruz, exministro del Ministerio de Medio Ambiente, fue acusado de recibir “coimas millonarias” para adjudicar obras y otros hechos ilegales. Édgar Pary dejó de ser Ministro de Educación al ser denunciado por uso indebido de influencias, negociaciones irregulares y asociaciones dudosas. Hace poco, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue destituido al ser denunciado por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada. Este último caso está en proceso de investigación.
En los casos relacionados con medio ambiente, se advierte que se considera a la tierra y las reservas naturales como medio de enriquecimiento, lo que de alguna manera explicaría por qué los parques nacionales son avasallados sin miramientos.
Sobre las causas que dan lugar a la corrupción mencionamos que, a pesar de que desde 2006 se anunció un “proceso de cambio”, con el que se ofrecía acabar con varios males del pasado, como la corrupción, después de casi 20 años de gobiernos masistas se comprueba que ha ocurrido lo contrario. Y es que muchos de los que pasaron a formar parte de la administración pública, no ingresaron por méritos académicos o técnicos, sino por su militancia política. En consecuencia, se observa, principalmente, que esos funcionarios se esmeran por favorecer los intereses de los dirigentes de su partido. Y si no actúan de esa manera, poden en riesgo sus empleos o son desacreditados y hasta procesados por la justicia.
En pocas palabras, empleados públicos que no muestran afinidad con el partido en el gobierno son hostigados hasta que renuncien. Por ello, muchos funcionarios creen que lo mejor será apoyar a políticos que pueden dar a cambio favores. Por lo mencionado y muchas otras características de la corrupción, combatirla depende de medidas de prevención, pero para ello se requiere un nuevo gobierno.