Tras emitirse una imputación formal contra el expresidente, Evo Morales, por el delito de trata de personas agravada en el caso Cindy V. P., la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó ayer que existe una orden de aprehensión contra él, así como una alerta migratoria para impedir su salida del país y la de la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo, quien habría permitido que su hija quede embarazada a los 15 años a cambio de favores de índole política y económica.
Aunque Morales fue imputado formalmente por trata de personas con agravante, al igual que la madre de la supuesta víctima, ambos no pudieron ser aprehendidos debido a la dificultad para localizar sus domicilios legales, según indicó la fiscal. La orden de aprehensión está vigente desde el 2 de octubre del presente y ahora se aguarda una fecha de audiencia cautelar.
En el caso de Morales, quien declaró vivir en el trópico de Cochabamba, Gutiérrez argumentó que no fue posible materializar la aprehensión porque el cocalero habría estado “ocultándose bajo la protección de sus allegados” durante las jornadas de bloqueos del sector “evista”.
Gutiérrez agregó además que tuvo que “callar” esta información para salvaguardar la integridad de los efectivos policiales, debido a la tensión de las movilizaciones de “evistas” y de personas particulares que se encuentran en la investigación.
El 1 de diciembre, se emitió un edicto por el “desconocimiento del domicilio” de los sindicados, mismo que no tuvo efecto pues ninguno se presentó a declarar después. Entonces, tras más de 10 días de incomparecencia ante aquel actuado, se emitió la imputación formal por el delito de trata de personas.
La fiscal tarijeña agregó que se activó también una alerta migratoria en contra del expresidente y de Pozo, considerando la existencia de riesgo de fuga y obstaculización a la investigación. Ahora se aguarda que el juez cautelar fije un día y hora para la audiencia para definir la situación jurídica de los investigados.
IMPOSIBILIDAD DE APREHENSIÓN
La autoridad aseguró que posee una serie de documentos relacionados con informes de personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), de la Policía Boliviana, los cuales dan cuenta de la imposibilidad de ubicar y aprehender a Morales y Pozo.
Explicó que, como Morales y Pozo no fueron ubicados y no habitan sus domicilios legales, la aprehensión del expresidente presentó “riesgos técnicos y operativos significativos” para el personal que tenía la misión de ejecutarla, debido a que Morales tenía resguardo de sus afines en los municipios de Villa Tunari y Lauca Ñ, según informes de Inteligencia. (EL DIARIO, Erbol y Brújula Digital)