La Constitución Política, causa de toma de tierras

Es sabido que el principal problema que existe en el país, es el referido a la cuestión agraria o de la tierra. También se sabe que es el asunto menos atendido y, por tanto, es la fuente de todas las dificultades que enfrenta el pueblo boliviano. Este tema ha cobrado actualidad por la falta de alimentos y la toma de tierras en haciendas del oriente del país, debido a la incapacidad del gobierno para resolver esos conflictos.
Los problemas por las tierras y otros son muy conocidos en forma superficial. Se habla mucho de ellos, sin embargo, no se hace algún esfuerzo para encontrar las causas que los ocasionan y que produjeron el derrumbe de una cadena de gobiernos y son amenaza para el actual y los futuros.
En verdad, solo se considera los efectos y no se toma en cuenta las causas. En todo caso, las autoridades estatales se dedican a mirar los últimos síntomas del desastre, no el origen de ellos. No consideran esa diferencia, al parecer debido a que no conocen las categorías de causa y efecto y que no hay efecto sin causa. El ejemplo más claro de esa apreciación es que las autoridades estatales no tienen conocimiento ni comprenden los mencionados problemas, dedicando sus esfuerzos a combatir los últimos efectos y así, en vez de adoptar medidas que los reduzcan, hacen lo contrario, o sea los agravan.
Tal es el caso de los recientes incendios de bosques, que arrasaron millones de hectáreas en varias regiones del país y la toma de tierras por campesinos del altiplano, llegados al oriente en busca de la solución para sus problemas de terrenos. De todo esto está enterada la población y quizá también las autoridades nacionales, pero no se toma en cuenta las causas que determinan esos efectos catastróficos. Esa manera de gobernar no considera esos desastres, debido a su espíritu “liberal”, que implica “dejar hacer y dejar pasar”.
A propósito, el origen del problema está en la política agraria que impuso el MAS, por medio de su jefe, Evo Morales, desde el gobierno. A la vez, el caudillo cocalero impuso que esa política fuese incorporada en la Constitución vigente, en la Cuarta Parte, Título II y Capítulo Noveno y artículos 393 y siguientes. De esta manera se niega a los campesinos el derecho de propiedad y enseguida les arrebataron la misma propiedad, lo que los obligó a migrar al departamento de Santa Cruz, donde asaltan tierras en producción y tratan de establecer granjas colectivas. Lo peor es que se limitan a incendiar bosques y parar la producción de alimentos, en momentos en que los gobiernos masistas han llevado al país el hambre, por falta de fomento a la producción, debido a esa política agraria constitucional, que el gobierno de Luis Arce no quiere tocar, por tratarse solo de una prolongación del régimen del expresidente Morales.
Mientras esté en vigencia esa política agraria, establecida en la Constitución Política, ese estado de cosas se va a agravar. Por más que el Ministro de Gobierno movilice miles de policías contra los loteadores de haciendas, no va a poder normalizar la situación y, en cambio, lo que hará será empeorarla, cumpliendo las disposiciones cuestionables de la “Farsa Magna”.
Entretanto, ¿quién le pone el cascabel al gato?