Tras la abrogación del Decreto Supremo que disponía recursos para que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) administre los datos de Derechos Reales, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, cuestionó que el oficialismo use esta instancia como una agencia de “pegas” para su militancia e indicó que los trabajos de fiscalización continuarán hasta que se devuelva todo el dinero gastado en contratación de personal y arrendamiento de oficinas.
A través de sus redes sociales, Campero destacó la movilización ciudadana contra esta norma, además del importante papel de medios de comunicación y redes sociales en los trabajos de fiscalización.
“Evitamos esta irregularidad mediante la fiscalización, no solo evidenciamos lo peligroso de este decreto, también que la Agetic gastó casi Bs 700.000 bolivianos en contratación de consultores y el arredramiento de oficinas. Todo esto con documentación”, expresó.
Asimismo, adelantó continuar con la fiscalización sobre los recursos erogados por el Estado para implementar esta normativa, hasta conseguir la devolución de todos los montos económicos asignados anteriormente.
“La Agetic tiene que devolver todo el dinero que ha gastado, esa entidad no puede ser una agencia de pegas para militantes. Vamos a seguir fiscalizando, hasta que se transparente cada centavo”, dijo.
Ayer, se informó que el Gobierno abrogó el Decreto Supremo 5139 que autorizaba un presupuesto de Bs 3.637.401 para el desarrollo, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales.
La medida es consecuencia de la decisión del presidente Luis Arce de anular el Decreto Supremo 5143 de modernización de Derechos Reales, bajo el argumento de que intereses usan esta normativa como excusa para generar convulsión social y desestabilizar a su gobierno.