Cuando restaban seis días para finalizar el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluya la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la paralización del proceso al dar luz verde a la acción popular que fue presentado en el departamento de Pando por la aspirante Yeny Dury.
En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque entre las candidatas de Pando no existen habilitadas candidatas de este sector de la población, como dispone la Ley 1549 de elecciones judiciales, al Tribunal Constitucional.
Luego de ser admitida la solicitud, el 18 de abril, el Tribunal Departamental de Justicia dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”, tema que terminó siendo resuelto en una audiencia que se desarrolló la tarde de ayer.
También se ha dispuesto la inaplicación de la Ley 1549 de elecciones judiciales con el reglamento de dicha norma, según expuso la vocera de la Sala Constitucional.
Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arízaga, afirmó que la determinación de los vocales Jorge Luis Sotelo y Celsa Salazar es funcional a los intereses de mantener a las actuales cabezas de la justicia boliviana.
Entretanto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, puntualizó que la finalidad de un recurso de Acción Popular es velar por intereses colectivos, en este caso la decisión es inaplicable, por lo que no puede detener la preselección en el Parlamento.