Luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) anunciara ayer, se definirá en una reunión con el Gobierno el posible incremento salarial para esta gestión. El economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que en la presente coyuntura las empresas no están en condiciones de asumir un incremento salarial.
Un aumento a los salarios de los trabajadores −a su juicio− puede complicar aún más a las empresas legales en un contexto en el que la definición de este beneficio tiene valoraciones de orden político y no toma en cuenta a los privados.
“La respuesta taxativa a esta solicitud es definitivamente no, porque la situación de la economía nacional no es de las mejores. Crecemos menos, tenemos déficit fiscal, déficit comercial, el dólar está subiendo, está aumentando los costos de producción”, sostuvo.
“Nos estamos complicando la vida innecesariamente, cuando deberíamos tener un diálogo tripartito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta para el caso del tratamiento de incrementos salariales”, dijo.
Las exportaciones caen a razón de 200 millones de dólares por mes, la cosecha históricamente será mala y hay una baja producción de gas y alto déficit fiscal.
Frente a ese escenario, ¿corresponde hablar de un incremento salarial? “No corresponde, porque además cuando se estila obligar a las empresas, sean productoras, comerciantes o prestadoras de servicios, de forma igualitaria en realidad se está incurriendo en una discriminación porque no todas las empresas tienen la misma situación financiera”, señaló.
Rodríguez apuntó que hay empresas “que han crecido el año pasado”, pero en contrapartida existen “las que no han crecido” debido a problemas financieros, de tal manera que “estamos frente a un panorama tremendamente complejo”.
En ese marco, el gerente del IBCE advirtió que “lo único que puede ocasionar este incremento es complicar aún más a nuestras empresas, curiosamente, del sector legal, del sector formal, que estamos hablando que no es más de un 15 o un 20%”, que además compiten con “empresas informales, incluso ilegales” en condiciones de “deslealtad e ilegalidad”.
Consideró que de atenderse esta solicitud del aumento salarial “simple y llanamente se está exponiendo a la clase trabajadora a que el día de mañana se vea disminuido en cuanto a la cantidad de empleos formales y legales de la economía”.
“Hemos hecho un cálculo, si se aplicara este incremento, la carga efectiva para la empresa significaría un incremento de un costo de un 40% o más, lo que significa que si la empresa no va a poder acometer con eso, va a reducir personal”, advirtió Rodríguez.
Asimismo, avizoró que en algunos casos las empresas van a tener que migrar al sector informal, “con lo cual se van a precarizar los empleos”.
“Por tanto, el remedio, que es lo que pretende la COB, que es reponer el poder adquisitivo de los salarios, va a resultar peor que la enfermedad”.
El Gobierno también tiene una carga salarial, que con el posible incremento se puede ver afectada con una “erogación adicional a lo presupuestado”.
Rodríguez explicó que en este caso “eso lo cubre con el incremento del déficit fiscal, o sea, no hay problema para el Gobierno porque se maneja en base a un incremento de la deuda”.