La diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, reveló que, durante la audiencia del lunes, en la que debía participar el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, existió injerencia política desde el Ejecutivo para forzar la suspensión del acto, así como amenazas contra la juez que lleva la causa.
La legisladora, quien estuvo presente en la audiencia convocada para el pasado lunes en el Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz, observó la presencia irregular de funcionarios de la Procuraduría General del Estado, que no pudieron sustentar porqué pretendían ser parte en el denominado caso «decretazo», por el cual se acusa a la primera autoridad cruceña.
En ese contexto, advirtió que hubo amenazas contra la juez Mónica Sánchez, para que se tomen en cuenta recursos presentados por esa instancia de Gobierno, mismas que ingresaron después de la hora fijada para la audiencia.
«No hay representación legítima de la Procuraduría, porque esta instancia no ha podido fundamentar cuál es el interés que tiene para ser parte del caso; hubo una objeción y rechazo y esto se les comunicó porque no pueden estar adheridos como parte víctima en este caso, porque no estamos hablando de pérdida económica o afectación al Estado», dijo.
Señaló que, a esto debe sumarse la presión que hubo desde la representación del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, además de todas las acciones ejecutadas para evitar el traslado a la capital cruceña, pese a existir una orden judicial.
«Se debe hacer un comunicado a las instancias internacionales, porque acá no se está cumpliendo con los parámetros del derecho al debido proceso y a la defensa que tienen todos los ciudadanos, según las normas nacionales e internacionales», concluyó la legisladora.