Es sabido que los problemas no vienen solos y que, por lo general, lo hacen en legión, amenazando la tranquilidad pública, aunque a veces pasan como una brizna primaveral y otras como una tempestad del diluvio. En efecto, en la actual etapa política se han ido acumulando problemas con espinosos ángulos, que se los arrastra desde hace tiempo o que han surgido como efecto de dificultades de vieja data, que inclusive se originan en la Constitución Política aprobada en el año 2009.
El catálogo de conflictos correspondiente a esta oportunidad consiste en varios puntos, el primero de los cuales tiene que ver con la Asamblea Legislativa, la cual está encargada de resolver el problema de la elección de magistrados, que se ha embrollado desde hace alrededor de un año y avanza en medio de escollos visibles e invisibles, en medio de un mar borrascoso, lleno de tiburones.
Los asambleístas nacionales deben resolver el asunto de los créditos externos, asunto que ahora está el Senado, donde existe fuerte oposición a su aprobación y ejecución. El tema tuvo algún avance en Diputados con base en un pacto entre bancadas, pero al pasar al Senado, el acuerdo fue roto por las partes, por lo que ahora empieza otro vía crucis.
Otro caso más agudo que tienen en sus manos los diputados es el de la prórroga de los magistrados y que muestra ribetes no menos urticantes que los anteriores y pareciera que podría empantanarse y procurar trifulcas entre parlamentarios, con iguales o peores escenas bochornosas que las anteriores. Demás está recordar que están pendientes otros asuntos.
Un segundo punto que alteraría el orden público es el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la sede de sus funciones, y que cuenta con el respaldo del voto popular. Un informe de “inteligencia” policial aseguró que nada pasará y que Santa Cruz es casi como una taza de leche. Asimismo, se piensa que en la continuación del juicio no habrá incidentes y que el procesado volverá a La Paz para ocupar su celda en la cárcel de Chonchocoro, que habita desde hace más de 400 días. Allí le espera un juicio por su participación en la insurrección de noviembre de 2019, al ser acusado por ser responsable, junto con Jeanine Añez, del derrocamiento del poder de Evo Morales y su aparcero, Álvaro García Linera.
Finalmente, la semana estará removida por la crisis económica que padece el país y que el Poder Ejecutivo deberá encarar.