El pasado domingo, en la feria de la 16 de Julio escuché a una señora recordarle a su hija lo siguiente: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Esas palabras me recordaron declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien señaló que en la economía informal circulan $us 10.000 millones, es decir, el monto equivale al menos a seis veces más con relación a las reservas internacionales netas (RIN), que a diciembre de 2023 alcanzaron a $us 1.709 millones.
¿Dónde está concentrado este dinero?, ¿Quién o quiénes son los que poseen los $us 10.000 millones?, ¿Quiénes son los causantes para que en el sector informal se concentren $us 10.000 millones? ¿Qué piensan hacer las autoridades del gobierno para que ese monto de dinero se incorpore a la economía formal?
Inicialmente, es preciso mencionar que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que en 2022 el contrabando de productos ascendió a la suma de $us 3.331 millones, lo cual pone en riesgo de cierre a muchas empresas y a miles de fuentes de trabajo. Asimismo, el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, con base en datos de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la producción de pasta de cocaína, la hoja de coca y el transporte de drogas moviliza en el país $us 835 millones.
La suma de ambas cifras alcanza a $us 4.166 millones, pero falta identificar qué sectores movilizan los otros $us 5.834 millones. Uno de los grupos económicos fuertes es de los cooperativistas mineros que en la Navidad del año anterior regalaron vehículos cero kilómetros a sus afiliados, como resultado del magro aporte tributario al fisco; asimismo, los cocaleros o los “grandes” comerciantes gremiales.
A pesar de una ralentización de la economía, el aumento de la deuda externa, un déficit fiscal que se arrastra y las reservas internacionales en caída, los sectores económicos que están en la sombra gozan de buena salud, porque se percibe gastos en actividades de recreación, viajes aéreos y la compra y venta de inmuebles, por ejemplo, la continua ch´alla de “cholets” en El Alto, cuyo valor sobrepasa el medio millón de dólares.
Estos sectores ilegales se consolidaron con el amparo del modelo económico social comunitario productivo, promovido por el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y por el presidente Luis Arce, y ahora concentran más recursos que las RIN. Este hecho se refleja en el 80% de la economía informal, donde se incuban grupos de poder con intereses partidarios y económicos; el incumplimiento de las normas laborales es el común denominador; la evasión fiscal se arropa de supuestos pequeños gremialistas y el contrabando de productos se comercializa sin problema.
El artículo 323, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado señala lo siguiente: La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Este acápite indica con claridad que todos los bolivianos están obligados a pagar impuestos y no existen excepciones por razones de grupo, políticas o partidarias.
El pago de los impuestos por los “grandes” comerciantes gremialistas, cocaleros o de los mineros cooperativistas auríferos puede ayudar a reducir el déficit fiscal causado por la caída de los ingresos por el gas y la subvención a los carburantes; sin embargo, el gobierno no expresó hasta el momento la decisión de asumir esta decisión, debido a que son grupos corporativos que le son de interés para contar con apoyo electoral en las futuras elecciones. Las autoridades del Órgano Ejecutivo deben decidir si están con los sectores legales o los ilegales, porque la normativa positiva vigente no establece excepciones, si se desea salvar la economía del país.
Esta situación demuestra que hay dos Bolivia, la primera, está conformada por los sectores económicos formales que pagan sus impuestos, cumplen con las normas laborales y afrontan la presión tributaria o el contrabando. La otra economía, es la ilegal que no paga impuestos, donde se encubre a grandes comerciantes gremialistas, no cumple con las normas tributarias ni laborales, moviliza a sus bases para imponer sus reivindicaciones, sin importar las normas legales y negocia su apoyo electoral a cambio de no ser perjudicada en sus intereses.
El autor es periodista.