El procurador general, Wilfredo Chávez, cuestionó el derecho constitucional de opinión del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, y atribuyó al representante la función de “servidor público”, un cargo que el aludido desvirtuó.
En un mensaje publicado en la plataforma de Twitter, el pasado 2 de junio, el Procurador escribió: “Raúl Peñaranda es servidor público del Órgano Electoral. Puede seguir en activismo político?”.
El comentario de Chávez surgió a propósito de una opinión expresada por Peñaranda que calificó a la justicia de “podrida” y se preguntó: “¿Cuándo acabará esta dictadura de los operadores de justicia?”.
En otro mensaje, Peñaranda que preside a la organización de periodistas de La Paz, respondió al Procurador e informó que actualmente es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el sistema electoral boliviano. “No soy un servidor público del OEP (Órgano Electoral Plurinacional)”.
Peñaranda preguntó al Procurador, a través de su cuenta en Twitter, si estaba habilitado para ejercer la función pública tras las denuncias sobre su participación como asesor legal en una empresa china a la que se acusó de daño económico al Estado boliviano. “La respuesta es no. Debía citarte la Fiscalía”, opinó el periodista.
La Constitución Política del Estado (CPE) promulgada por el presidente Evo Morales (2006-2019) otorga a todos los ciudadanos el derecho “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”, según expresa el artículo 21.