El juez Marco Antonio Amaru Flores, procesado por liberar a dos asesinos y reconocido por un diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), impuso una fianza económica de 500 mil bolivianos y una real de un monto similar para que el general Pablo Guerra, imputado por el caso Senkata, pueda defenderse con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
“Es una burla para los justiciables esta forma de administrar justicia porque ha fijado 500.000 bolivianos de fianza económica, cuando sabe (el juez) y hemos acreditado que es un general ni siquiera en servicio (activo), sino jubilado que ha vivido de su salario toda la vida”, dijo la abogada Audalia Zurita, que patrocina al militar que fue jefe del Estado Mayor durante la crisis política de 2019.
Además de la millonaria fianza, el exjefe militar debe presentar una fianza real con la hipoteca de algún bien inmueble por el valor de 500.000 bolivianos, además de haber establecido seis garantes.
Por otro lado, Guerra también es procesado por el caso denominado Huayllani, de Sacaba, donde fallecieron al menos una decena de personas por disparos de arma de fuego y otras 125 resultaron heridas durante las intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).
En anterior entrevista con es este medio, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan manifestó que solo una de las víctimas del Puente Huayllani tenía proyectil calibre 5.56 de arma de fuego que se usan tanto la institución militar como la policial, empero también son utilizados en campeonatos y prácticas de tiro.
“La escena tanto de Senkata como Huayllani fue contaminada. El GIEI no valoró las perforaciones de munición de guerra disparada desde el lado de manifestantes a los carros blindados en el Puente Huayllani. En Senkata descartan la posibilidad de sabotaje o destrucción de la planta. Habiendo las evidencias del derribamiento del muro que tampoco atribuye con contundencia a la responsabilidad de los manifestantes”, dijo
JUEZ
Amaru, juez ordinario que se declaró competente para procesar a la expresidenta Jeanine Añez, en el caso Senkata, obtuvo un reconocimiento del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Juan David Vargas, en febrero de 2023.
“Como justo reconocimiento a un hermano activista social que estuvo en las jornadas de octubre del 2003 en defensa de los recursos naturales, octubre y noviembre de 2019 en defensa de la recuperación de la democracia y otras luchas sociales por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el reconocimiento.
El juez Amaru fue aprehendido dos veces por favorecer presuntamente, de manera irregular, a procesados por feminicidio y asesinato. Incluso fue presentado públicamente enmanillado.