El ciudadano Jorge D. C. M., denunciado por violencia familiar fue imputado y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, hace dos años, con documentación presumiblemente falsificada. La denuncia por ese extremo, realizada por el Servicio de Identificación Personal (Segip), fue rechazada por el juez Freddy Choque, denunciado y aprehendido el pasado viernes por formación de consorcio, informó a EL DIARIO la abogada Daniela Sanabria.
La jurista explicó que su patrocinado fue aprehendido y cautelado con un documento que presuntamente emitió el Segip, empero el mismo fue falsificado por lo que esta instancia presentó la denuncia, misma que fue rechazada y actualmente está con objeción.
El lugar donde fue notificado el ciudadano para prestar su declaración era en la zona de Villa Adela de la ciudad de El Alto, sin embargo, según el memorial presentado por la denunciante en fecha 20 de agosto de 2021, el 18 de marzo de ese mismo año, un día después de su notificación, supuestamente el denunciado cambió de domicilio con el fin de obstaculizar el proceso.
De acuerdo al informe del investigador del caso, a las 11.40 horas del 17 de marzo de 2021, fue a notificar a Jorge en Villa Adela, empero no lo encontró y por ello sugiere emitir requerimientos al Serecí a fin de que informe los domicilios reales de los sindicados y al Segip a fin que remita una copia legalizada de la tarjeta de identificación de los denunciados.
SEGIP
En septiembre de 2021, el Segip presentó una denuncia por uso de instrumento falsificado contra Abigail B. A. M., expareja de Jorge. La denuncia fue rechazada, empero en enero de 2023, presentaron una objeción al rechazo.
De acuerdo a la relación de hechos presentado por el Segip, en fecha 19 de mayo de 2021, la abogada Abigail B. A. M., presentó ante la dirección departamental Segip La Paz, el requerimiento fiscal de 17 de mayo de 2021 emitido por Natividad Castro Flores – fiscal de materia, solicitando que “informe en qué fecha ha sido modificado el domicilio de Jorge D. C. M.”.
“Una vez ingresado dicho requerimiento por ventanilla única y remitido a la Oficina de Certificaciones y Trámites Legales, es asignado con el numero interno 22 para efectos de control interno, siendo derivado a la funcionaria del Segip María V. P. E., técnico operador jurídico, quien, habiendo realizado la búsqueda en la base de datos, así como la traza de domicilios, siguiendo los procesos y procedimientos internos para la emisión de certificaciones; emite el informe SEGIP-DDLP/AL/CERTIFICACION/No.984/2021 de 26 de mayo de 2021, identificando que el que el señor Jorge D. C. M., en la presente gestión ha realizado dos trámites de reposición: El primero en fecha 3 de febrero de 2021 habiendo consignado como domicilio (…) zona Alto San Pedro, el segundo en fecha 12 de marzo de 2021, habiendo señalado como domicilio en (…) provincia Manco Kapac. En fecha 27 de mayo de 2021, la abogada Abigail B. A. M. (quien también es parte del proceso con CUD201502022101391 en calidad de denunciante) recabó el informe original SEGIP-DDLP/AL/CERTIFICACION/No.984/2021 de 26 de mayo de 2021 de las instalaciones de la Dirección Departamental de La Paz del Servicio General de Identificación Personal”, señala el documento.
“De manera posterior, en fecha 14 de junio de 2021, a horas 13.55, la abogada Abigail B. A. M., presenta en instancias del Ministerio Público un documento falsificado, haciendo creer que se trataría del ‘Informe SEGIP DDLP/AL/CERTIFICACION/No.984/2021’ de 26/05/2021, empero, en su contenido difiere del original, señalando que en la presente gestión el señor Jorge D. C. M. ha realizado dos trámites de reposición: El primero en fecha 3 de febrero de 2021 habiendo consignado como domicilio (…) zona Paraiso 1 y el segundo en fecha 18 de marzo de 2021, habiendo señalado corno domicilio provincia Manco Kapac”, continúa.
“De lo anterior, la Unidad Nacional de Transparencia del Segip, tras gestionar la denuncia presentada por el señor Jorge D. C. M., y en base a lo desarrollado en el informe SEGIP-DDLP-AL/JATC/No.022/2021 (Adjunto a la presente denuncia), concluye que el cuestionado informe presentado al Ministerio Público habría sido objeto de falsificación, dado que verificado el contenido y contrastado con la copia original del informe que cursa en archivos del Servicio General de Identificación Personal, se pudo advertir que los datos con relación al domicilio así como la fecha de expedición insertos en la copia presentada al Ministerio Público no corresponden a los datos emitidos por el Segip en el informe original; además de identificar que las firmas y sellos no corresponden a la funcionaria María V. P. E., ni el sello y firma de visto bueno al responsable legal, abogado Jesús A. T.”, concluye la relación de hechos presentada por el Segip.
El jefe nacional de la Unidad de Transparencia del Segip, Freddy Cano, manifestó a EL DIARIO que al encontrar indicios y presunta responsabilidad en este caso de presunta falsificación presentaron la denuncia ante el Ministerio Público para la investigación respectiva.
“Nosotros remitimos al Ministerio Público para que sea la vía ordinaria quien en el ejercicio de su competencia identifique y establezca responsabilidades o libere de responsabilidades”, aclaró.
En ese marco aclaró que objetaron la resolución de rechazo y están a la espera de que el fiscal departamental de La Paz, confirme el rechazo o se revoque el mismo.
EXTORSIÓN
Sanabria advirtió que antes de que la denuncia del Segip sea rechazada, el juez Choque, pidió hablar con su cliente, empero le explicaron que él estaba con detención preventiva en el penal de San Pedro.
“Lamentablemente el juez mandó a un funcionario hasta el penal para que hable con el señor Jorge a quien le dijeron que pague cuatro mil dólares y como él no puede, dice que consiga por lo menos tres mil y como no consiguió lo sacó del proceso en el que estaba como víctima. Al no pagar, el juez lo saca al señor Jorge, anula todas las pruebas y obliga al fiscal a emitir un rechazo porque le conmina que en cinco días debe salir una resolución definitiva”, dijo.
En criterio de la jurista, el sacar a su cliente del proceso iniciado por el Segip es una represalia del juez por no acceder a la “extorsión”, porque anula todos los actos investigativos requerimientos, pericias, anulación de la imputación, etc.
El 9 de marzo de 2023, se ejecutó una acción directa, después que una persona denunció que el juez Choque intentó sonsacar $us 4.000 y luego Bs 10.000. Mientras que un pasante de la Fiscalía intentó sacar $us 6.000 a nombre de una fiscal. Ambos fueron enviados con medidas sustitutivas el fin de semana, no obstante la Fiscalía Departamental de La Paz anunció que iniciará acciones legales por el delito de prevaricato contra el juez Douglas Borda, por dejar en libertad a los imputados.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, dijo que recibieron con sorpresa la decisión del juez Borda que no valoró las pruebas sobre la denuncia de extorsión que involucraría a Choque y a un pasante de la fiscalía Rubén Quispe.
Observó que, pese a las grabaciones y conversaciones de chat, no valoró las evidencias y otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva, con “medidas mínimas” como la presentación espontánea y, además, pueden seguir trabajando pese a los cuestionamientos.
