Al parecer para el Gobierno la lucha contra el contrabando no es de su mayor interés, porque las medidas de represión no tienen mucho efecto ni seguimiento y el ingreso de mercancías por esa vía a territorio nacional aumenta peligrosamente. Esto se puede comprobar con la instalación y la proliferación de ferias y mercados populares, donde se comercializa este tipo de mercaderías, sin pagar los tributos correspondientes, destruyendo a la industria nacional, por la competencia desleal y la falta de control de autoridades nacionales. Los productos de segunda mano que ingresan a territorio boliviano tienen precios muy bajos y son de mala calidad, resultando un engaño a los compradores de esas mercancías.
La Aduana está encargada de controlar la entrada de mercaderías a territorio nacional provenientes del exterior, que ingresan por vías extralegales, sin dejar de mencionar que empleados aduaneros han sido objeto de coimas o sobornos, como se ha conocido en algunos casos. Por otra parte, la repartición pública mencionada se ha convertido en un botín político, manejado desde instancias del Ejecutivo. Generalmente quienes la dirigen salen de la misma con serios cuestionamientos por mala administración y dirección. Además, es la causa de enfrentamientos entre dirigentes y militantes del partido que gobierna, llegando al extremo de enfrentar a padrinos y ahijados, con acusaciones mutuas que derivan en juicios ordinarios, cuyos resultados generalmente se los desconoce. Ejemplos sobran sobre tal conducta.
La venta callejera de las mercancías que ingresan burlando el control aduanero es una realidad del país. A plena luz del día y en calles céntricas el ciudadano común puede encontrar en venta una gama de productos, incluso medicamentos, los que no cuentan con el control de calidad y de laboratorio. Según información conocida, entran a territorio boliviano toneladas de ropa usada, que son comercializadas en los mercados y centros de acopio que se han organizado en diferentes capitales de departamento y ciudades importantes del país, lo que demuestra que por el descontrol continúa el contrabando y la venta de prendas de segunda mano. Al respecto, autoridades aduaneras aseguraron que los contrabandistas de ropa a medio uso siguen dándose modos para meter su mercadería al país, por la insuficiente cantidad de personal de su dependencia. Pero las autoridades con decisión y voluntad deben luchar contra el contrabando redoblando esfuerzos, única forma de lograr buenos resultados.
Parece que el decreto supremo promulgado en abril de 2009, que prohíbe la comercialización e importación de ropa usada, no se lo cumple, porque sigue ingresando por contrabando y se la vende al público en las ferias y mercados populares. De nada valdría que las autoridades se esfuercen para desarrollar y fortalecer al sector productivo, si las leyes que la amparan no las hicieran cumplir.
Las autoridades conocen que clanes familiares dominan el negocio del contrabando y que cuentan con una estructura fuerte, con poblaciones cómplices de esa actividad ilegal. Además, hay decenas de rutas por las áridas y desiertas pampas de Oruro, que los transportistas conocen muy bien y las usan para evadir cualquier control aduanero. También se produce el transbordo de carga y el contrabando hormiga en la franja denominada ‘tierra de nadie’, que divide el territorio chileno y boliviano. No eliminar esa perjudicial actividad significa negligencia o complicidad.